Los audios del caso Spagnuolo ya están en la Justicia

La crisis política en torno a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sumó un giro explosivo: el funcionario habría entregado al fiscal federal Franco Picardi un pendrive con grabaciones que comprometerían a figuras centrales del oficialismo.

Según reconstruyó el periodista Martín Carrizo en la red social X, Spagnuolo apuntó directamente contra Eduardo Lule Menem, a quien vinculó con supuestos negocios con la droguería Suizo Argentina. Además, cuestionó la idoneidad de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y acusó a la ministra Sandra Pettovello de haberlo dejado sin respaldo político.

Carrizo interpretó la jugada bajo una lógica clara: "si caigo yo, caemos todos", lo que eleva el costo político de una eventual condena en su contra y deja al Gobierno frente a un tablero mucho más delicado.

Estrategia de Spagnuolo y dudas en el oficialismo

La periodista Romina Manguel también aportó un dato clave. En su cuenta de X, advirtió: "Bueno, Spagnuolo presentó abogado. Insostenible la situación. La pregunta es: ¿se cortó solo o va a seguir el guion del Gobierno? Pista: no es ningún abogado de los que a los hombres cercanos a Milei les hubiese gustado".

La elección de un abogado por fuera del círculo presidencial fue leída como una señal de independencia respecto de la estrategia que podría buscar imponer el oficialismo.

Una intervención con suspicacias

En paralelo, el Ejecutivo decidió intervenir la ANDIS y designó como interventor a Alejandro Vilches, hombre cercano al ministro de Salud, Mario Lugones, quien a su vez mantiene vínculos con el asesor presidencial Santiago Caputo.

La medida despertó suspicacias, ya que la auditoría interna que podría derivar en una denuncia penal contra Spagnuolo quedó en manos de un sector que fue mencionado en los propios audios.

El escándalo escala en tribunales

Lo que parecía una disputa mediática se transformó en un escándalo judicial que golpea en el corazón del Gobierno. La llegada de los audios a la Justicia abre un escenario de derivaciones inciertas que podrían comprometer a algunos de los principales nombres del entorno presidencial.