La situación de Correo Argentino está en manos de la Justicia porteña

En casi todos los países organiados el servicio de correos se considera estratégico para la seguridad de las comunicaciones, por lo tanto es un organismo que está totalmente en manos del Estado sea o no rentable, eso se observa en las leyes que protegen a la corwrepondencia privada por ejemplo en el US Mail de Estados Unidos y en el Royal Mail británico.

Sin embargo en la Argentina Carlos Menem consideró que era mejor que que fuera a parar a manos privadas y así lo hizo en 1998 vendiéndolo a la familia Macri encabezada por el entonces patriarca Franco. Tras años de litigio ahora estaríamos cerca de que se defina si la empresa tiene futuro.

Un paso hacia la definición la dió la Corte Suprema de la Nación que dictaminó que el reclamo del Estado lo debe dirimir la justicia de la CABA a través de su Tribunal Supremo.

 

 Durante el período en que estuvo en manos de los Macri (1997-2003), el Estado sostiene que la empresa solo cumplió con el pago del canon de concesión durante un año, acumulando una deuda que en 2001 ascendía a aproximadamente 296 millones de dólares. Por su parte, la empresa argumenta que la deuda se encuentra saldada con las propiedades y vehículos que el Estado retuvo tras la rescisión del contrato llevada adelante por Néstor Kirchner.

El Estado, sin embargo, también reclama intereses acumulados entre 2003 y 2015. A pesar de que el Correo Argentino realizó propuestas de pago, estas fueron rechazadas por los representantes del Estado Nacional, quien es el principal acreedor con un 33% de la deuda. En junio de 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial convocó a una audiencia para buscar un acuerdo entre la empresa y sus acreedores. Tras una primera oferta rechazada, se aceptó una segunda propuesta que incluía el pago del total de la deuda en 15 cuotas anuales a partir de finales de 2017.

 

La aceptación de esta propuesta generó una denuncia penal contra el entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y los directivos del Correo Argentino, que fue tramitada por el fiscal Gerardo Policita y el juez Ariel Lijo. La fiscal comercial Gabriela Boquín estimó la deuda en alrededor de 6000 millones de pesos, calificando la oferta como abusiva y perjudicial para el Estado.