La extinción de dominio, ¿atacará a la corrupción en Mendoza?

Transparencia, recuperar montos millonarios, vehículos y propiedades mal habidos por narcotráfico, trata de personas y corrupción en el Estado está en un ácido debate de la política nacional y esencialmente en la provincial.

No es para menos, si uno se da cuenta que con la entrada en vigencia de este instrumento legal todos los procesados, enjuiciados y sentenciados por cualquiera de los ítems enumerados perderían hasta los interiores y podrían quedar como Tata Dios los trajo al mundo. Pero también de esto depende el futuro político de los muchos que hoy tienen abarrotados los pasillos de la Justicia Federal con cientos de causas que se han instrumentados sobre quienes cumplieron roles vitales en la administración del Estado.

Lo grave de este grotesco debate es que a cara descubierta hay quienes se niegan a su entrada en vigencia argumentando que es inconstitucional, viola lo que ya establece la Justicia y los derechos individuales de la gente. Esconden, por supuesto, cubrir a como dé lugar a ese grueso del kirchnerismo que todavía no está detrás de las rejas y que la expresidenta Cristina Fernández pueda tener la posibilidad de aspirar a ser elegida nuevamente primera mandataria.

En el caso de Mendoza, el oficialismo, rápido de cintura, preparó un proyecto de ley que ya está en el Senado para modificar el Código Procesal Civil que permita la aplicación de un polémico decreto presidencial de necesidad y urgencia sobre extinción de dominio. La vía elegida por el Poder Ejecutivo provincial es diferente a lo hecho por la Casa Rosada, ya que preparó una iniciativa que deberá contar con la aprobación del Poder Legislativo mendocino.

Tras los formalismos y los esperados rimbombantes anuncios de estilo en el año donde manda 'San Política' electoral, algunos no tuvieron problema en apuntar cañones a la organización Tupac Amaru que regentean Nélida Rojas y su familia y también al polémico Luis Lobos y su oscuro paso por el municipio de Guaymallén. Ambos casos en pleno proceso de investigación judicial y que bien sirven para decirle al electorado mendocino que todos los bienes adquiridos en dichos nichos de corrupción serán devueltos a la gente.

Dichos y análisis vertidos con total irresponsabilidad, teniendo en cuenta que todavía la Justicia está en plenos procesos. Algo que a la dirigencia política no le importa, pero sí que la gente note quién está más limpio (¿?).

Ahora todos salen presurosos a decirle al mendocino que son impolutos. Lo increíble es que en la provincia han ocurrido, en años pasados, hechos de corrupción que fueron sepultados en los laberintos intencionales del Poder Judicial. El caso de los Vale Más o el mayor hecho de corrupción a la administración pública como fue el caso Matar-Cazabán son contundentes episodios donde toda la dirigencia política, oficial y opositora, calló convenientemente.

A propósito del segundo caso, decíamos en junio del año pasado que el núcleo irradiante fue el Poder Ejecutivo provincial, donde altos funcionarios habrían hecho uso y abuso de fondos públicos que provenían de la Ley de Presupuesto aprobada por la Legislatura. El mecanismo, bastante burdo por cierto, pero letal para los dineros de los impuestos que pagan los mendocinos, era inflar facturas de la pauta publicitaria oficial. Es decir que una pequeña parte era el monto real a abonar y una gran tajada quedaba entre el contratista y el o los funcionario que autorizaban los pagos.

Por la turbia maniobra fueron imputados un fotógrafo devenido a empresario de medios del sur mendocino, llamado Gustavo Matar; el ministro secretario general de la Gobernación durante la administración del justicialista Celso Jaque, Alejandro Cazabán, y funcionarios del área de Prensa oficial de aquel entonces.

Según la investigación judicial en 2010, Matar recibió $900 mil, al año siguiente $22 millones y en 2012 alrededor de $10 millones. La denuncia del ilícito, con importante documentación en mano, la realizó ante la Justicia un grupo de legisladores del bloque provincial de la UCR y la recibió el fiscal de Delitos Complejos Santiago Garay.

De ahí en más sucedió de todo, hasta efectuar amenazas de muerte al fiscal interviniente, maniobras que pretendieron descomprimir el tema hasta hacerlo desaparecer. Por eso la causa fue muy difícil y pesada para Garay, quien sin embargo resistió y llegó hasta la instancia de elevación a juicio.

Un aspecto contundente que indica que toda la documentación que portaba el fiscal demostraba el ilícito y la participación directa de Matar, entonces titular de Sur Talent SRL, y el secretario general de la Gobernación Cazabán, quienes habrían concretado la fenomenal estafa al Estado mendocino por una cifra superior a los $32 millones.

De esto nadie se acordó y mucho menos se lo puso en la agenda de acciones de una eventual entrada en vigencia de extinción de dominio. Porque quizá es parte de negociaciones en la cuestionada trastienda de la política mendocina, donde todo se negocia y se pisotea con saña la dignidad de una política sana que todavía espera un golpeado y descreído ciudadano.