La ciudad de Buenos Aires será querellante por los incidentes en la marcha de jubilados

La causa por los daños y desmanes en la marcha de jubilados y barrabravas suma un nuevo querellante, en este caso el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,que informó que se presentará y también recusará a la jueza Karina Andrade, por su controvertida decisión de liberar a los detenidos tras los incidentes ocurridos el miércoles en las inmediaciones del Congreso durante aquel hecho.

Los detalles fueron informados por el ministro de Justicia porteño Gabino Tapia, en diálogo con Radio Rivadavia, donde remarcó que que la magistrada "tiene una tendencia que va más acorde a lo que se conoce como el garantismo o estar a favor de aquel que comete una infracción o un ilícito y no de aquellos que cumplen la ley".

Para el funcionario, lo acontecido fue "una locura, un ataque a las instituciones y en particular también nosotros lo consideramos en la ciudad un ataque a los porteños". Y en parte de la nota también cuantificó los daños, que adjudicó a la "organización delictiva que vinieron a hacer a las zonas aledañas al Congreso' le costaron a la ciudad y a todos los porteños 'más de 400 millones de pesos".

 

 

El ministro detalló que los destrozos incluyen "89 contenedores, 2 patrulleros, 4 motos, 89 contenedores de basura. Se rompió la vía pública, el mobiliario urbano, locales comerciales de particulares". Y agregó: "No fue una manifestación, sino un ataque no solo a las instituciones federales, sino también a todos los porteños".

Garantismo

El gobierno porteño también cuestiona severamente a la jueza Karina Andrade, quien a poco de los hecho tomó la decisión de liberar a todos los detenidos, y al respecto Tapia expresó: "Estamos del lado de la ley y queremos terminar con este famoso garantismo y 'puerta giratoria' que tenemos también avalada en el Poder Judicial, un poder independiente que interpreta la norma siempre en favor del que la corrompe".

"Eso no fue una manifestación, lo que ocurrió el otro día se trató de un acto de violencia coordinado obviamente por organizaciones que estaban detrás de esto", subrayó el ministro para criticar el argumento de la jueza de garantizar el derecho constitucional a manifestarse, a la vez que cuestionó los plazos procesales de la jueza, afirmando que "aceleró o no cumplió con plazos procesales que tenía la Fiscalía para imputar y para terminar de recopilar la prueba". Además, señaló que "el argumento que utiliza es preocupante: ¿Cómo vas a sostener que lo dejás en libertad en función de un derecho constitucional de manifestación o de protesta?".

"Vamos a ir a buscar a aquellas personas que cometieron estos desmanes y destrozos, no solo las personas físicas sino también aquellas organizaciones que pueden llegar a estar detrás de esto, ¿para qué? Para que sean responsables al menos del daño patrimonial que le causaron a la ciudad", cerró el ministro porteño.