La Cámara Federal confirmó la cautelar del juez Casanello

La medida cautelar ordenada por el juez federal Sebastián Casanello resultó confirmada por la Cámara Federal porteña. De esta manera, el Ministerio de Capital Humano debe informar el stock de alimentos que tienen almacenados en los depósitos, tanto el de Villa Martelli como el de Tucumán, y su cronograma de entrega. 

Fuentes judiciales confirmaron al portal Infobae que el fallo también ordena evaluar las sanciones que corresponderían para la funcionaria Leila Gianni y el abogado Juan Grabois, luego de la escandalosa audiencia que protagonizaron el jueves en los tribunales federales.

Los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico fueron los encargados de tomar la decisión en la que no solo respaldaron a Casanello, sino que, además, convalidaron la actuación del magistrado respecto a que el Gobierno no puede desconocer la medida cautelar.

Durante la audiencia, Gianni había expresado a los jueces que ningún magistrado militante podía decirle al Gobierno de Javier Milei como manejar la política alimentaria. En ese marco, el juez Farah respondió: "Corresponda recordar a la parte apelante, representada por la Ministra de Capital Humano, que la materia en examen es parte del universo que se nos ha encomendado a los jueces conocer; que en nuestra intervención se debate la primacía de la Ley Fundamental y la protección de los derechos básicos de todos los ciudadanos y que son esas directrices las que en el caso se han expresado, confiriendo legalidad y legitimidad a nuestra resolución.

 Por lo que, en aras de que las instituciones funcionen y se respeten, es que la Sra. Ministra de Capital Humano deberá ajustar su proceder al debido acatamiento de la orden judicial que aquí se confirma.

 De no hacerlo de ese modo en el plazo de 24 horas de notificada de este pronunciamiento, su conducta configurará el delito de desobediencia a una orden judicial (art. 239 del Código Penal), más allá de comunicar, a la ciudadanía, la traición a los postulados del sistema republicano".

Pero, al mismo tiempo, se refirió a Juan Grabois y su actitud: "Las partes no contribuyeron en nada para la solución del caso. Todo lo contrario", consideró y luego añadió que "pusieron en evidencia en los tribunales la misma intolerancia de muchas personas que se ve a diario a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, la falta de intención de arribar a entendimientos y la ausencia de una predisposición común para aportar soluciones eficaces y duraderas para los problemas económicos de los argentinos, que se acentúan desde hace décadas".

El juez Irurzun, mientras tanto, repasó la causa y expresó que "no es un dato menor" el hecho de que el Ministerio de Capital Humano haya adjuntado las fotografías e informe de stock de los depósitos, luego de que el titular del juzgado contencioso resolviera rechazar la cautelar solicitada.

"Para entonces, cabe recordar, no se contaba con la información correspondiente a las fechas de vencimiento, las cuales recién se conocieron cuando el Ministerio de Capital Humano respondió el requerimiento", sostuvo.

"Luego resaltó que "esta sede no interviene para discutir aspectos propios de las acciones colectivas que tramitan en aquel fuero y que tienen como objetivo la continuidad de un sistema de entrega de alimentos por parte del Estado Nacional, sino investigar los hechos ilícitos denunciados y adoptar -en base a ellos e incluso desde el inicio de la causa- aquellas medidas que tiendan a evitar la consolidación, continuidad o extensión del daño".

"Bajo tal perspectiva, sin desconocer que se tomaron acciones para distribuir los productos cuyo vencimiento está más cerca, pero sin perder de vista que aún existen otros productos cuya caducidad se encuentra próxima, entiendo que corresponde confirmar la decisión del juez en cuanto solicitó al Ministerio de Capital Humano confeccionar el plan de distribución de ejecución inmediata"

"Por lo que entiendo que corresponde confirmar la decisión del juez en cuanto solicitó al Ministerio de Capital Humano confeccionar el plan de distribución de ejecución inmediata, encomendándole a su vez que ajuste y reencamine la pesquisa de conformidad con el objeto penal denunciado", concluyó Iruzun.

Por último, el juez Boico aseguró: "mientras se profundizaba la investigación en derredor de cuestiones atinentes a la ejecución presupuestaria, los mecanismos, los procesos, las normativas y el estado de situación de la asistencia hasta entonces brindada por el Estado, se tomó conocimiento de la existencia de importantes cantidades de alimentos almacenados en depósitos del organismo denunciado que parecían hallarse ociosos, pese a los múltiples reclamos presentados por las entidades comunitarias a consecuencia de la realidad acuciante que atraviesa un sector importante de la población".

"Esto último fue lo que llevó al juez a receptar parcialmente la pretensión de la fiscalía, solicitando con premura al Ministerio de Capital Humano que elaborara un plan de entrega de acuerdo a las características, fechas de vencimiento y destino de los productos y, como es lógico, se otorgó un plazo acotado, pero razonable, para su cumplimiento. A contrario de lo afirmado, no se le indicó al organismo que procediera a la inmediata entrega de los productos a actores determinados, sino que se le pidió la inmediata presentación de un plan conteniendo el cronograma a ejecutarse", consideró.

Por último, también respondió a Gianni con los siguientes términos: "A cuenta de ello, insisto, no es cierta la vehemente afirmación, incluso desmedidamente adjetivada, de que el Poder Judicial de la Nación estaría invadiendo incumbencias exclusivas del Poder Ejecutivo al pretender instrumentar políticas de Estado referidas a la distribución alimentaria orientada a colectivos vulnerables. Es justamente lo contrario".

El caso

Se inició con una denuncia que el dirigente social, Juan Grabois, contra el Ministerio de Capital Humano, en febrero pasado. En esta asegura que se suspendió la entrega de alimentos en comedores comunitarios ubicados en todo el país, en el marco del "Plan Nacional Argentina contra el Hambre".

Una denuncia se hizo penalmente y otra causa se abrió en el fuero en lo contencioso administrativo. Posteriormente, el medio El Destape, en el marco de un pedido de acceso a la información pública, informó el stock de los centros de Villa Martelli y Tafi Viejo, que es cercano a los 5 millones de kilos. 

El vocero del Gobierno, Manuel Adorni, confirmó ese número en conferencia de prensa, pero negó que estuvieran próximos a vencer.

En ese marco, la fiscal Paloma Ochoa exigió medidas y reclamó que los alimentos allí guardados se distribuyeran en los comedores registrados oficiales. Por ese motivo, el juez Casanello dispuso, el 27 de mayo, que el destino de los productos era una potestad administrativa del Ejecutivo, pero le reclamó la elaboración de un plan de distribución de esos productos, en el marco de una medida cautelar, a la que dio un plazo de 72 horas.

Leila Gianni, la subsecretaria de legales del Ministerio de Capital Humano, apeló la decisión y consideró que esta tenía efectos suspensivos y no tenía que cumplir la medida. Al mismo tiempo, Grabois difundió que había más de 300 mil litros de leche que estaban por vencer en junio.

Cuando pasaron las 72 horas, el juez informó a la Cámara Federal que el Gobierno había incumplido con su medida cautelar. Al mismo tiempo, el juez federal de Tucumán, José Manuel Díaz Vélez, a pedido del fiscal federal Agustín Chit, ordenó a Gendarmería la inspección del predio de Tafí Viejo y al día siguiente se ordenó lo mismo en el de Villa Martelli.

El portal Infobae reveló que "hay una multiplicidad de divergencias" entre lo que el gobierno informó y lo que se encontró en el lugar. Por ese motivo, la audiencia entre Gianni y Grabois resultó ser escandalosa. "Kuka ladrona" y "dejá de extorsionar a los pobres" se dijeron. Por escrito.