Inhibieron bienes de dirigentes piqueteros sospechados de extorsión

Los bienes de 28 dirigentes piqueteros y cooperativas sospechados de extorsionar a los beneficiarios de planes sociales fueron inhibidos por el juez federal Sebastián Casanello. La medida se tomó luego del pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien solicitó la inmovilización general de los bienes de Jeremías Cantero, Elizabeth Del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Yoao Ariel Escobar Rojas, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo “Toto” Martelli, Gustavo Guillermo Vásquez, Carlos Fernández Kostiuk, Gloria Paraguay Estrada, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Leticia Maribel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta, Nilsa Elena Torres, Rossmery Grande Arancibia Y Nery Acha Daza.

Estos son los imputados luego de las denuncias que recibió el Ministerio de Capital Humano a la línea 134, en la que se puede informar de eventuales presiones a beneficiarios de planes sociales para participar en la primera marcha piquetera contra el gobierno de Javier Milei, como condición para poder cobrar un plan social.

Al mismo tiempo, el Gobierno solicitó ser considerado querellante en el caso y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que es denunciante, hizo una presentación y ahora debe decidir el juez Casanello si reviste la calidad de víctima. En su escrito, la ministra mencionó que las denuncias se registraron en Mendoza, Catamarca, Misiones, Jujuy, la provincia y la ciudad de Buenos Aires.

En total, se registraron 13.310 llamadas, de las se atendieron 2720 y 924 se transformaron en denuncias. Alrededor de 45 tuvieron lugar en la ciudad de Buenos Aires.

Ahora, la Justicia analiza los artículos secuestrados durante los procedimientos, principalmente los teléfonos celulares. El objetivo es reconstruir los mensajes y determinar responsabilidades dentro de las organizaciones piqueteras. Según las denuncias telefónicas y las declaraciones posteriores, los dirigentes sociales se quedaban con el 2% de los planes. A partir de eso, la Justicia elabora una estimación del fraude cometido en perjuicio del Estado.

Los dirigentes que fueron allanados, y que están imputados en esta causa, son parte de las organizaciones Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la vertiente no kirchnerista de Barrios de Pie.

El Polo Obrero, una de las organizaciones que admitió cobrar ese porcentaje, aseguró que los fondos se destinan a sostener el funcionamiento de los comedores de la organización y los gastos de actividades políticas.

Con información de La Nación