Histórico: Ciudad de Buenos Aires aprueba la creación de su propio servicio penitenciario

La creación del Servicio Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires (SPRS) fue aprobada por la Legislatura porteña con 54 votos a favor y solo tres en contra. Esta votación tuvo lugar el viernes 28 de noviembre de 2025, tras cinco meses de deliberaciones, durante los cuales distintos bloques lograron consensos para establecer un esquema propio de ejecución de la pena.

En paralelo a la aprobación del SPRS, la Legislatura sancionó la Ley de Ejecución de la Pena, la cual obtuvo 55 votos afirmativos y tres negativos. Esta nueva normativa permite a la Ciudad asumir por primera vez la competencia plena en esta materia.

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, celebró la medida, destacando que es "histórico que tengamos nuestro propio Servicio Penitenciario". Macri subrayó que esta decisión representa "un gran paso para nuestro plan integral de seguridad y un hito para la autonomía porteña". Por su parte, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, afirmó que la aprobación es "un paso muy importante en la consolidación institucional de la Ciudad" y que "refuerza el Sistema Integral de Seguridad Pública".

Cómo funcionará el Servicio

El nuevo SPRS dependerá directamente de la Jefatura de Gobierno y contará con una fuerza de seguridad especializada y conducción civil.

Su estructura incluirá:

• Un director general y un subdirector.

• Áreas específicas como Seguridad Penitenciaria, Diagnóstico y Tratamiento, Plan de Vida y Recursos Humanos.

El organismo dispondrá de Agentes de Seguridad Penitenciaria, una fuerza civil armada y jerarquizada responsable de tareas cruciales como la custodia, los traslados y el uso de la fuerza.

Foco en la reintegración social

El modelo del SPRS está fuertemente enfocado en la reintegración social. Por ello, incluirá un cuerpo profesional compuesto por psicólogos, trabajadores sociales y educadores.

Estos profesionales serán responsables del diseño y seguimiento de un "Plan de Vida" individualizado para cada condenado. El objetivo principal de este plan es reducir la reincidencia mediante formación y acompañamiento.

Además, la nueva Ley de Ejecución de la Pena establece que la finalidad principal es que el condenado comprenda la gravedad de sus actos, respete la ley y logre su reintegración social. Una innovación clave de la normativa es que le reconoce a la víctima el derecho a la reparación por parte de quien haya cometido el delito.