El Gobierno denunciará por terrorismo a los responsables de los graves incidentes en el Congreso

El clima político en Argentina alcanzó un nuevo pico de ebullición tras la decisión del Poder Ejecutivo nacional de encuadrar penalmente los disturbios ocurridos durante el tratamiento de la Reforma Laboral bajo la figura de terrorismo. 

Tras los enfrentamientos que dejaron heridos y destrozos en las inmediaciones del Palacio Legislativo, el Ministerio de Seguridad confirmó que no se tratará de una simple contravención. 

En ese sentido, el Gobierno nacional busca aplicar la Ley Antiterrorista para castigar con máxima severidad a quienes, según la visión oficial, intentaron subvertir el orden constitucional mientras el Senado sesionaba una de las leyes clave para la gestión actual.

Terrorismo en el Congreso: el giro judicial del Gobierno

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue tajante al explicar la gravedad de los hechos y la calificación jurídica elegida. 

"Vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba molotov es una bomba. Es un arma con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos", sentenció la funcionaria en declaraciones radiales. 

Para el oficialismo, la logística desplegada por ciertos grupos -que incluyó el uso de bidones de nafta y proyectiles- no responde a una protesta social espontánea, sino a un plan deliberado de desestabilización institucional.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reforzó esta postura a través de sus canales oficiales al afirmar que "atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional". 

El vocero cerró su mensaje con una advertencia que ya es marca registrada de la administración: "El que las hace, las paga. Fin".

Identificados y con antecedentes

Hasta el momento, las autoridades han logrado identificar a 17 personas involucradas directamente en los ataques. 

Según fuentes oficiales, varios de los señalados poseen antecedentes penales por delitos comunes, lo que refuerza la tesis oficial de que se trata de grupos marginales buscando el choque violento. 

"La intención era desestabilizar la institución más que tirarle piedras a la policía", añadió Monteoliva, subrayando que se utilizarán registros fílmicos y tecnología de reconocimiento facial para dar con el resto de los sospechosos.