Por Redacción
21 Julio de 2024 - 11:47
Un escándalo sacude al ex Ministerio de Desarrollo Social tras la compra de doce millones de paquetes de yerba mate que no cumplen con los estándares de calidad y seguridad. El fiscal Gerardo Pollicita ha iniciado una acción penal en la causa N° 2104/2024, revelando graves irregularidades en la adquisición del producto.

La denuncia, presentada por Leila Daniela Gianni, Subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, expone que la yerba mate adquirida contenía sustancias nocivas como parénquima lagunoso y cristales de oxalato de calcio, peligrosas para el consumo humano. Entre los implicados se encuentran Victoria Tolosa Paz, ex Ministra de Desarrollo Social; Agustín Rossi, exjefe de Gabinete, y Leonardo Moyano, exsecretario de Articulación de Política Social.

Acusaciones y responsables
El fiscal Pollicita ha señalado que la compra se realizó sin garantizar los controles sanitarios necesarios, lo que podría constituir una defraudación contra la administración pública y abuso de autoridad. Las empresas involucradas en la licitación son Compañía Comercial Mayorista SRL, Ignacio Kleñuk (Yolaví) y Hugo Holowaty (Yerutí).

Investigación en curso
El proceso de adquisición eludió los controles del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM), delegando la evaluación técnica a la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), institución que, según Gianni, tiene vínculos económicos y políticos con las autoridades del ex Ministerio de Desarrollo Social. Informes de auditoría, como el de la bioquímica Raquel María Fretes, confirmaron que la yerba no cumplía con los parámetros establecidos por la IRAM 20531:2015.
Medidas solicitadas
El fiscal Pollicita ha solicitado varias medidas para avanzar en la investigación, incluyendo:
- Solicitudes al Ministerio de Capital Humano para remitir antecedentes y detalles sobre las auditorías realizadas.
- Investigación sobre Proveeduría Integral MC SRL por otra licitación direccionada.
- Pericia técnica urgente sobre la yerba mate cuestionada para determinar su aptitud para el consumo humano.
Este escándalo pone en evidencia las graves irregularidades en la adquisición de productos destinados a la asistencia social durante la gestión del gobierno de Alberto Fernández.

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