El proyecto del Gobierno nacional para modificar la ley de Seguridad Interior

El Gobierno nacional avanzó en la modificación de la Ley de Seguridad Interior, que amplía las facultades de las fuerzas armadas en caso de "terrorismo". Además, anunció que enviará una serie de proyectos de ley al Congreso con los que busca combatir la inseguridad.

Producto de la situación critica en la ciudad de Rosario, la ministra Patricia Bullrich de Seguridad como el ministro Luis Petri de Defensa  tomaron "las medidas necesarias" para responder ante la problemática. Por este motivo, el Ejecutivo avanzó en el envío de fuerzas federales. https://ciudadano.news/politica/el-gobierno-anuncio-que-no-habra-desfile-de-veteranos-el-2-de-abril-por-su-alto-costo

El ministro de Defensa aseguró que "ante la detección de actos terroristas, el presidente Javier Milei los instruyó para “actuar con total fuerza del Estado” con el fin de realizar tareas coordinadas que involucre a todos los poderes.

Modificación de la Ley de Seguridad 

Para cumplir con el objetivo, el ministro Petri se centró en los cambios en la Ley de Seguridad Interior y esto le permitiría a "las Fuerzas Armadas que puedan intervenir y garantizar operaciones de seguridad interior en un supuesto particular que es el de terrorismo”.

A su vez, el funcionario declaró que “estamos impulsando en el Congreso nacional una nueva legislación para que tengamos alternativas para que las Fuerzas Armadas, ante supuestos muy específicos, puedan realizar un mayor apoyo a las tareas de seguridad interior”.

Aunque, el titular de Defensa remarcó que las Fuerzas Armadas solo podrán intervenir “solo si el Comité de Crisis define que existen actos terrorista y con la anuencia del gobernador de la provincia donde se pueda actuar”. Por eso, sostuvo: "No es para delitos comunes”. 

También, ambos ministros precisaron la intención avanzar en la modificación del Código Penal. Por lo cual, se enviarán tres leyes autónomas: la Ley Antimafias, la de Reiterancia y la modificación en el registro de ADN. 

Las medidas están contempladas en la Ley Ómnibus que, amparado en su carácter de urgencia, el Gobierno optó por enviarlas en un paquete acotado.

Penas contra los organizadores de piquetes

Por otra parte, Patricia Bullrich anunció que avanzará en la reforma del artículo 194 del Código Penal con el fin de aumentar las penas de 4 a 6 años para aquellos "que instiguen al corte de calles".

"Aquellos que obliguen a la gente a participar de las manifestaciones bajo promesas de remuneración, y amenazas", apuntó la ministra. 

Por eso, especificó que "los bloqueos a comercios, industrias y a cualquier tipo de establecimiento serán penados con 4 hasta 6 años de prisión. “Hay mecanismos institucionales, el derecho a la huelga y a impedir que las empresas trabajan es algo que va a estar agravado ”, describió.