El ministro de Defensa aclaró la situación de oficiales dados de baja del Ejército

El ministro de Defensa, Luis Petri, hizo un descargo luego de la medida de baja a 23 militares por tener sentencia firme sobre crímenes de lesa humanidad, y sostuvo que no se trató de "una decisión política" del Gobierno, sino que lo "ordenó" el Poder Judicial.

"La baja de oficiales retirados no es una decisión política, sino el cumplimiento de sentencias firmes en procesos que han agotado todas sus instancias de revisión y apelación. Son bajas ordenadas por la Justicia", aclaró el funcionario en un extenso mensaje que subió en sus redes sociales.

Petri remarcó que "muchos de los que hoy critican esta medida se rasgan las vestiduras hablando de división de poderes y República". "Podemos estar o no de acuerdo con las decisiones judiciales, pero cumplir con la ley no es una opción: es una obligación", argumentó.

A su vez, el ministro ratificó que "la historia completa es uno de los pilares" de la gestión libertaria. "Homenajeamos e indemnizamos a nuestros soldados en Formosa y los reivindicamos en Azul y en Villa María. Desmantelamos los ´grupos de trabajo´ parajudiciales que servían para perseguir a las Fuerzas. Impulsamos, junto al Ministerio de Justicia, el cierre de la CONADI", enumeró a modo de ejemplo.

E insistió en que "con el liderazgo del presidente Javier Milei", el Gobierno asumió "el desafío de reconstruir la Argentina desde sus cimientos, revalorizando el rol de nuestras Fuerzas Armadas".

El pedido de baja fue realizado por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez. El documento fue enviado tanto al ministro Petri como al jefe de la Armada Argentina, Carlos María Allievi, y a su par de la Fuerza Aérea Argentina, Fernando Luis Mengo.

Allí, el fiscal solicitó que "se repongan o requieran las bajas de los agentes retirados de dichas instituciones que han sido condenados con sentencias firmes por delitos de lesa humanidad".

Además, se le recordó a Petri que "la obligación de separar de sus cargos a los agentes implicados en graves violaciones a los derechos humanos constituye una obligación autónoma del Estado argentino, conforme al derecho Internacional".

Los militares dados de baja fueron Eduardo Rodolfo Cabanillas, Néstor Rubén Castelli, Teófilo Saá, Federico Antonio Minicucci, Miguel Ángel Fernández Gez, Humberto José Román Lobaza, Mario Alberto Gómez Arena, Pascual Oscar Guerrieri, Oscar Lorenzo Reinhold, Ramón Ángel Puebla, Carlos Alberto Ozaran, Gustavo Fontana, Horacio Hugo Maderna.

También Jorge Omar Lazarte, José Héctor Fidalgo, Jorge Daniel Rafael Carnero Sabol, Héctor Salvador Girbone, Carlos Enrique Pavón, Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes, Rafael Julio Manuel Barreiro, Carlos Alberto Arias y Luis Ángel Gaspar Zírpolo.