El juez Bento quedó a un paso del Juicio Político y ya tiene fecha el debate penal

El juez federal con competencia electoral de Mendoza, Walter Bento, quedó a un paso del juicio político por mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos.

La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó un dictamen acusatorio con los votos de los consejeros de la oposición y la abstención de los representantes del oficialismo.

Cuatro votos tuvo a favor del dictamen que originalmente hizo el diputado de Juntos por el Cambio Pablo Tonelli y ahora sostienen Eduardo Vischi, Roxana Reyes, Miguel Piedecasas y Álvaro González. Los oficialistas Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley y Héctor Recalde se abstuvieron a la hora de votar, según detalla Noticias Argentinas.

El dictamen acusatorio pasará ahora al plenario previsto para el próximo 31 de mayo, donde necesitará de los dos tercios de los votos -13, con asistencia plena- para la suspensión automática y el pase a la etapa de Jury.

El abogado Piedecasas reconoció que había ingresado por la vía judicial “la interposición de un recurso extraordinario federal ante la Comisión que persigue la suspensión del trámite, la declaración de nulidad del proyecto Tonelli y el rechazo a las nulidades, y otro escrito referido a hechos nuevos que se relacionan con circunstancias de la causa penal que tiene fecha de debate para el 26 de junio”.

Bento está procesado por presuntos vínculos con organizaciones ilegales y afronta la posibilidad de una condena penal, además de la eventual destitución y pérdida de fueros.

“En el dictamen está suficientemente propuesto cuáles son las circunstancias por las cuales se va a trabajar en esta acusación. (…) Vengo en representación de los senadores de la UCR para trabajar por una Justicia que tenga cercanía, sea federal y tenga compromiso de mejorar las herramientas para hacer un instrumento para solucionar conflictos”, proclamó, por su parte, el senador Vischi.

El diputado kirchnerista Tailhade consideró: “No estamos en presencia de una pieza consistente que pueda habilitar con la seriedad que requiere el Jurado de Enjuiciamiento, si se aprueba en el marco de mayorías va a ser difícil en el marco del Juicio Político considerar probadas todas y cada una de las imputaciones”.

Sobre el juicio que se apresta a afrontar Bento, el diputado oficialista reflexionó que “si su conducta es tan reprochable, no tendríamos que tener necesidad a la resolución de la causa penal y deberían ser cuestiones autónomas. Es básicamente una expresión de deseo lo que hay en el dictamen, todo su desarrollo da cuenta de que estamos supeditados a lo que va a pasar en la causa penal, porque ahí se va a definir si existieron los hechos”.

No obstante, para no dilatar el tratamiento de la cuestión, Tailhade anunció la abstención, lo que en los hechos permitió la aprobación del dictamen acusatorio.

El juicio penal tiene fecha

Mientras, la Justicia federal de Mendoza le puso fecha al juicio penal que se llevará adelante contra Bento y otros 29 imputados.

La primera jornada será el 26 de julio, tras la feria de invierno. La acusación estará a cargo del fiscal federal Dante Vega, mientras que el Tribunal Oral Federal que definirá el debate estará conformado por tres magistradas, ninguna de Mendoza: Carolina Pereira, Gretel Diamante y Eliana Rattá.

La génesis del caso tiene relación con el asesinato del supuesto empresario Diego Aliaga, a mediados del 2020. A partir del caso, empezó a correr el rumor de que la víctima tenía contactos en la Justicia federal de Mendoza para sacar a detenidos de contrabando y narcotráfico.

Finalizando ese año, el sospechoso de financiar una narcobanda Walter Bardinella Donoso, fue detenido y en su teléfono celular se encontraron conversaciones que alimentaron esa hipótesis.

Fue el fiscal federal Vega quien comenzó a seguir la pista hasta que ordenó allanamientos, detenciones e imputaciones que se concretaron en mayo del 2021. Ahí salió a la luz que entre los sospechosos se encontraba nada menos que el juez federal Walter Bento, su esposa Marta Boiza, dos de los hijos de la pareja (todos empleados del Poder Judicial de la Nación) y un puñado de abogados.

La acusación indica que Walter Bento lideraba una organización ilícita dedicaba a gestionar coimas para darle beneficios a presos, tales como arrestos domiciliarios o la libertad. El asesinado Aliaga habría sido la mano derecha del magistrado y su trabajo era contactar a las personas que caían presas por causas de contrabando o narcotráfico (ambas cuestiones de competencia electoral).

El supuesto empresario ofrecía el “beneficio” a cambio de fuertes montos en dólares y hasta en inmuebles. Luego comenzaban a ser representados por alguno de los abogados acusados que presentaban escritos para que Bento dictaminara la salida del sospechoso.

El fiscal Vega presentará un centenar de testigos para sostener su acusación, además de mensajes y llamadas, en su mayoría a través de la aplicación Telegram- en la que los sospechosos hacían referencia a los sobornos e indirectamente al juez Bento. No obstante, la defensa sostiene que se trata de una armada contra el magistrado por cuestiones políticas. Sin embargo, la Cámara federal de Mendoza resolvió varios planteos siempre en favor de la Fiscalía. Incluso que el caso llegue a debate oral es todo un dato.

La tesis de la Fiscalía es Bento y familia se enriquecieron y lavaron el dinero que provenía de los pagos. Los numerosos viajes que realizó el matrimonio durante los últimos años, las propiedades y vehículos que adquirió y los fondos de comercios en que invirtió serían la prueba del delito.