Por Ciudadano.News
27 Enero de 2024 - 16:46
El Gobierno de Javier Milei confirmó este sábado que intervendrá el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), el organismo estatal encargado de regular y garantizar los servicios de comunicación en la Argentina.
El anuncio fue realizado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que depende de la Jefatura de Gabinete, agregando que este lunes será publicado el decreto pertinente en el Boletín Oficial.
Al respecto, la Secretaría remarcó que la intervención “es una etapa transitoria pero necesaria para el reordenamiento del organismo”.
Además, señaló que la intervención realizará "una auditoría del destino de los fondos públicos para promoción y fomento de la actividad en la búsqueda de un uso racional y transparente".
Para eso, se revisará toda la regulación vigente y los diferentes procesos judiciales en los que está involucrado el organismo. https://ciudadano.news/economia/argentina/el-campo-considero-razonables-las-medidas-de-caputo
"Luego de la intervención, el Enacom continuará con la misma misión para la que fue creado: promover comunicaciones de calidad entre todos los usuarios del país, generando un mayor balance y competencia entre los distintos actores del mercado", se aseguró en el comunicado.
Además, se indicó que el interventor será Juan Martín Ozores y estará acompañado por los adjuntos Alejandro Pereyra, exdirector del Enacom en la gestión de Mauricio Macri, y la abogada Patricia Roldán.
Una eventual disolución del ente debería ser aprobada a través de una ley del Congreso, dado que fue constituido de esa manera durante el gobierno de Cristina Kirchner.
El ente reemplazó a la antigua Secretaría de Comunicaciones, que funcionaba en combinación con la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), que reemplazó a la antigua Secretaría de Comunicaciones y regulaba las políticas del sector.
Con el expresidente Alberto Fernández en la Casa Rosada, el Enacom fue comandado por el massista Claudio Ambrosini.
La Unión Argentina de Proveedores de Internet (UAPI) había apoyado públicamente las políticas del Gobierno de Milei y pidió que se produzca una "profunda verificación de criterios de asignación y destino de los Aportes No reembolsables otorgados (por el organismo que será intervenido) en el período 2019-2023, dadas las múltiples denuncias de manejos poco claros y de tergiversación evidente en el uso discrecional del Fondo de Servicio Universal".
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