El Gobierno presiona para conseguir la Ley Bases este miércoles en el Senado

Mientras el Gobierno nacional celebró los datos oficiales de los salarios reales privados, su proyecto de 'Ley Bases' sigue estancado en el Senado de la Nación, donde será debatido este miércoles a partir de las 10 junto a la reforma fiscal, en medio de la incertidumbre de su resultado final.

En ese marco, el presidente Javier Milei sigue presionando para que lograr las voluntades necesarias para su aprobación, aún con los cambios que no le satisfacen, ya con la seguridad de que, en el mejor de los casos, volverá irremediablemente a la Cámara de Diputados.

Preparando el escenario, a través de sus redes sociales la cuenta oficial de la Presidencia celebró los datos de abril referidos a la evolución de los salarios reales privados, aunque advirtió que su evolución dependerá de la aprobación de la 'Ley Bases' "para acelerar este proceso de recuperación económica".

Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo prometió que si se aprueba el proyecto, el Gobierno va a bajar el impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria (PAIS), de 17,5% a 7,5%, y de paso criticó a la oposición por la falta de apoyo al proyecto oficialista.

Un arduo camino

Todavía sin los votos necesarios en la Cámara alta, el Gobierno resignaría la privatización de Aerolíneas Argentinas con el objetivo de preservar a las otras empresas que quiere enajenar o concesionar, entre las que se encuentran Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), el Correo Argentino y los medios públicos que integran Radio y Televisión Argentina (RTA).

El "poroteo" que manejan tanto en la Casa Rosada como cerca de la vicepresidenta Victoria Villarruel muestran que el artículo de privatizaciones no tiene los votos para superar el debate en particular a tan sólo dos días de la sesión.

La versión de que el Ejecutivo podría conceder la exclusión de la línea aérea de bandera de la ofensiva privatizadora de Milei salió de fuentes legislativas que coincidieron en señalar que recién se concretaría en el recinto solamente en caso de ser necesario, porque se da por descontado que no cuenta con los votos para superar el debate en particular de ese artículo.

En tanto, encarnizado, el kirchnerismo promete alinear el voto de sus 33 senadores en contra de ambas iniciativas, y está muy cerca de la mayoría absoluta de 37 votos, además del porteño Martín Lousteau (UCR-Capital) que, como ya ocurrió con el rechazo al DNU 70/23, votará a contramano del resto del bloque del partido del que es presidente a nivel nacional.

Hasta el momento, el oficialismo tendría garantizadas 38 voluntades para aprobar en general los dos textos, aportadas por partidos provinciales, peronistas "dialoguistas", la UCR y el PRO, pero deberá dar batalla en el debate en particular.

Varios senadores de la oposición dispuesta al diálogo reclamaron cambios en artículos y capítulos que por ahora son indiscutibles para el Gobierno, como el Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI), del que discuten los plazos de ingreso al régimen, ya que dos años les parece muy poco si la idea es atraer inversiones. 

Aunque algunas modificaciones ya fueron admitidas por funcionarios del Poder Ejecutivo, muchas otras corren peligro de ser modificadas como consecuencia de una circunstancial alianza con la bancada kirchnerista.

Luces de alarma se encendieron en las últimas horas en la Casa Rosada por la cláusula que comprende una amplia delegación de facultades legislativas que reclama el Poder Ejecutivo, artículo que encuentra una resistencia tenaz en varios opositores "dialoguistas" y podría terminar eliminado, o en el mejor de los casos modificado, antes de que el proyecto vuelva a la Cámara de Diputados en segunda revisión.

Villarruel convocó para este lunes a las 18 a una reunión de Labor Parlamentaria, un encuentro importante para saber cuánto durará la sesión en el recinto y cómo se votará cada proyecto.

La idea que sostiene el oficialismo es que la votación se haga por capítulos, aunque sabe que varios artículos terminarán votándose por separado.

En tanto, gremialistas y organizaciones sociales se concentrarán el miércoles frente al Senado con el objetivo de presionar para que la norma del Poder Ejecutivo no tenga luz verde.