El Gobierno denunció a la jueza que liberó a los detenidos tras la protesta en el Congreso

En las vísperas de una nueva movilización, que promete ser masiva, en apoyo a los jubilados, el Gobierno nacional denunció penalmente a la jueza porteña Karina Andrade por los delitos de "prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento", luego de que liberara a los 114 detenidos en la protesta que tuvo lugar en las inmediaciones del Congreso el miércoles pasado. 

Por instrucción de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el abogado de la cartera Fernando Soto presentó una denuncia penal contra la magistrada, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que se la acusa de haber cometido "graves irregularidades". 

En el Poder Ejecutivo consideran que Andrade ordenó la liberación de 114 detenidos "sin haber analizado las pruebas, sin considerar los antecedentes penales de los implicados y sin respetar los procedimientos legales vigentes". 

La administración libertaria asegura que la magistrada "intervino arbitrariamente en un procedimiento de flagrancia, que es competencia del Ministerio Público Fiscal, y tomó su decisión sin contar con los elementos de prueba necesarios".

Otro de los puntos que se le critica fue la decisión de la jueza de dictar la resolución a través de un chat de WhatsApp, ya que consideran que eso impidió que se establezca un registro oficial de la decisión y de dar intervención formal a la Fiscalía. 

"La resolución de la jueza Karina Andrade, que rápidamente dispuso la libertad de casi todos los detenidos, consistió en un grave incumplimiento a las normas penales en vigencia. Encima todo ello sin dejar registro oficial, sin la intervención de los representantes de las partes ni a las Personas Víctimas de los hechos cometidos, siendo que existen Leyes Locales y Nacionales que expresamente regulan los derechos de las víctimas", cuestionaron desde el Ministerio de Seguridad.

En la misma línea, expresaron: "Lo resuelto por la Juez Andrade carece de fundamentos en los hechos y el derecho aplicable, pues omitiendo la aplicación de las normas antes mencionadas, sin declarar su inconstitucionalidad, resolvió en base a meros argumentos aplicados en abstracto y, lo que es más grave, sin siquiera haber visto las actuaciones, como surge del punto final donde dispone pedirlas a la fiscalía".

Se trata de la segunda denuncia que presenta el Gobierno, luego de que el pasado viernes señalara como posibles responsables de los episodios de violencia al ex líder de Montoneros, Mario Firmenich; a los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y a grupos organizados y los acusara por los delitos de Sedición, Atentado al Orden Constitucional y la Vida Democrática y Asociación Ilícita Agravada.

Este miércoles 19, se prevé una nueva movilización en favor de los jubilados, colectivo que ha sufrido lo más dudo del ajuste del Gobierno libertario. Movimientos sociales, las dos CTA, universitarios y otros colectivos, ya manifestaron su adhesión a una nuestra concentración en las Plaza de los Dos Congresos.

Los argumentos de la jueza

La jueza porteña Karina Andrade, quien ordenó la liberación de todas las personas que fueron detenidas durante la marcha de los jubilados que se realizó el pasado miércoles, dijo que "nadie" le dio información acerca de que "había barrabravas".

"Nadie me trajo información de que había barrabravas", señaló la magistrada, quien indicó además que "hubo detenciones que no fueron informadas y que no cumplieron con los requisitos mínimos".

En tanto, expresó: "De los detenidos, teníamos uno que solo decía que era mexicano. Las investigaciones no están cerradas. El Ministerio Público Fiscal, al menos hasta lo que yo conozco, las tiene en pleno trámite y yo soy la jueza de la causa por lo que no puedo expedirme personalmente".

"Yo no declaré la nulidad de las detenciones y esto es lo que explica que las investigaciones puedan seguir a cargo del Ministerio Público Fiscal. Mi argumento fue estrictamente jurídico, apegado a la Constitución y mi decisión no fue espontánea", dijo.

Con información de NA