Por Ciudadano.News
9 Febrero de 2025 - 09:02
El presidente Javier Milei firmó este sábado un decreto para iniciar el proceso de privatización total de la empresa ferroviaria estatal Belgrano Cargas y Logística S.A., marcando un cambio histórico en la gestión del transporte de carga en Argentina.
La decisión fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales, donde señaló que "el Estado dejará de ser operador de los servicios ferroviarios de carga y de toda su infraestructura: material rodante, vías, talleres e inmuebles".
El primer paso en la privatización ferroviaria
La privatización de Belgrano Cargas es la primera en su tipo desde la asunción del presidente Milei y se da en el marco de la Ley Bases, que habilita el traspaso de empresas estatales al sector privado.
El Gobierno ya había anticipado en octubre pasado su intención de avanzar en la concesión de la empresa creada en 2013, que gestiona las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. Ahora, con el decreto firmado, la iniciativa avanza de manera concreta.
Una empresa con altos costos y déficit
Desde la administración de Milei justificaron la decisión señalando que Belgrano Cargas es "obscenamente deficitaria". En palabras de Adorni, la compañía cuenta con "una planta sobredimensionada de 4.429 personas, además de una estructura jerárquica elevada no acorde a sus funciones".
El proceso de privatización implica concesionar al sector privado la operación de las líneas ferroviarias que actualmente maneja el Estado, lo que, según el Gobierno, podría mejorar la eficiencia del sistema y reducir costos fiscales.
Con esta medida, la administración Milei busca avanzar en su plan de achicamiento del Estado y desregulación de la economía, en línea con su promesa de campaña de impulsar un modelo de libre mercado.
Repercusiones y próximos pasos
La privatización de Belgrano Cargas generará un intenso debate en los sectores políticos y sindicales, que ya han expresado su preocupación por el futuro laboral de los trabajadores. Mientras tanto, el Gobierno avanza con la implementación de la medida, que podría sentar un precedente para otras empresas estatales.
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