Discapacidad y Ley de Emergencia: ¿qué cambia en pensiones y pagos a prestadores?

La Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue ratificada este jueves por el Senado nacional, establece una actualización y cancelación de deudas con los prestadores de la salud, y un nuevo mecanismo para ajustar las pensiones no contributivas por discapacidad.

Se trató de una fuerte derrota para el Gobierno nacional, que había vetado la norma con el argumento que atenta contra "el equilibrio fiscal". Primero la Cámara de Diputados y ayer el Senado, rechazaron por amplio margen el veto, por lo que la Ley quedó vigente.

¿Qué establece la Ley de Emergencia en Discapacidad?

Los principales puntos de la ley que establece la emergencia en discapacidad son los siguientes: 

• Se establece que la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026.
• La ley es de orden público y rige en todo el territorio nacional.
• Se establece una actualización las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.
• Se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el Indec.
• Las pensiones no contributivas serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.
• Las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos.
• El Poder Ejecutivo Nacional deberá financiar con recursos del Tesoro nacional una compensación de emergencia a los prestadores.
• La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) determinó que el impacto fiscal por el aumento de las pensiones significa un refuerzo fiscal de 1.889.371 millones de pesos y 3.627.495 millones.
• La diferencia del impacto fiscal se debe al número de beneficiarios "por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios" que podrían suceder con la nueva ley, sostuvo la OPC.
• La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) realizará una auditoria con el objeto de realizar una evaluación justa, transparente, basada en criterios de salud y en un análisis integral de la situación socioeconómica de los beneficiarios.
• El procedimiento de auditoría deberá garantizar notificaciones fehacientes y el debido proceso inclusivo, que aseguren la plena participación, y el acceso claro a la información.
• Los empleadores que tomen trabajadores con certificados de discapacidad por tiempo indeterminado serán eximidos del pago del cincuenta por ciento (50%) de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones por tres años.

Con información de NA