Diputado mendocino busca limitar el cambio de género para jóvenes y condenados

En un movimiento que promete generar controversia en el ámbito político y social, el diputado nacional Álvaro Martínez, representante de Mendoza por el espacio La Libertad Avanza, presentó en el Congreso Nacional un proyecto de ley para modificar la Ley 26.743 de Identidad de Género. La iniciativa tiene como objetivo prohibir el cambio de género en menores de 18 años y personas con condenas firmes.

Una reforma con restricciones específicas

El diputado mendocino propone reformar el artículo 4 de la ley vigente, incorporando nuevas condiciones para quienes deseen realizar cambios registrales en su identidad. "Toda persona que solicite la rectificación registral del sexo, el cambio de nombre de pila e imagen, en virtud de la presente ley, deberá observar los siguientes requisitos: acreditar la edad mínima de dieciocho (18) años", detalla el texto de la propuesta.

Además, la reforma establece que las personas condenadas con sentencia firme no podrán acceder a este derecho hasta cumplir con la totalidad de su pena. Según Martínez, esto incluye tanto a quienes ya estén condenados como a imputados en procesos penales, quienes deberán esperar hasta el dictado de una sentencia definitiva para realizar modificaciones en el Registro Nacional de las Personas.

Argumentos y justificaciones del diputado

En su defensa del proyecto, Martínez señaló que la iniciativa busca prevenir "fraudes y maniobras destinadas a evadir la Justicia". Según explicó, el cambio de género podría ser utilizado para crear confusión en investigaciones judiciales, dificultar la labor de las fuerzas de seguridad o alterar la correcta ejecución de penas.

"Es necesario brindar seguridad y orden público para que las fuerzas de seguridad puedan realizar su trabajo con mayor eficacia", afirmó el legislador. Además, argumentó que la propuesta también pretende establecer límites claros en el ejercicio de los derechos individuales: "Todos los ciudadanos pueden gozar en libertad el reconocimiento de sus derechos sin entorpecer los del otro. Cuando las acciones afectan al resto, es imprescindible fijar límites, aunque estos derechos puedan parecer difusos".

Repercusiones y críticas en el horizonte

El proyecto ya ha generado debates en diversos sectores políticos y sociales. Mientras algunos lo ven como una medida necesaria para garantizar la seguridad jurídica, organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos LGBTIQ+ anticipan fuertes críticas por considerar que vulnera derechos fundamentales consagrados por la ley actual.

"Esto es un retroceso en los avances que hemos logrado como sociedad. La Ley de Identidad de Género fue un hito para el reconocimiento de derechos y la inclusión. Este tipo de propuestas pone en riesgo esos logros", señalaron desde una reconocida organización de diversidad en Buenos Aires.

Por el momento, el proyecto se encuentra en etapa de análisis, pero su camino en el Congreso promete ser tan arduo como mediático.