Denuncian serias irregularidades en los despidos en ACARA

Los recientes despidos producidos en el Ministerio de Justicia de la Nación de 2.400 trabajadores contratados a través de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, ACARA, fueron fuertemente denunciados, por lo que consideraron serias irregularidades en el proceso de recortes en organismos de alcance nacional.

Nahuel Altieri, presidente de la Asociación Abogados del Fuero y abogado laboralista, consideró en el programa Sin Verso, de Ciudadano.News: "Uno de los lugares donde dicen que tienen que reducir es en Justicia. Primero dicen que hay falta de disminución de tareas y cuando uno ve las redes sociales se da cuenta de que hubo récord de patentamiento de autos durante febrero".

El Gobierno nacional, a través de una resolución plasmada en el Boletín Oficial, determinó beneficios salariales adicionales para los funcionarios que disminuyan su dotación de personal.

En el artículo 5° de la disposición, la administración de Javier Milei señaló que las "unidades retributivas adicionales" serán otorgadas "en función del ahorro presupuestario generado por la reducción de dotación de personal de la respectiva Jurisdicción".

La denuncia contrastó con lo resuelto en las recientes horas por la Justicia Nacional del Trabajo que dispuso una medida cautelar que ordena al Gobierno nacional y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) abstenerse de adoptar cualquier medida que afecte la estabilidad laboral de los empleados y funcionarios del organismo.

En su sentencia, los jueces Gabriel De Vedia, Roberto Pompa y Mario Fera (en disidencia), revocaron una decisión de primera instancia y dieron lugar al reclamo del sindicato, por lo que el Poder Ejecutivo queda imposibilitado para avanzar en la reducción del 80% de los salarios directivos y en el recorte de la estructura que habían sido anunciadas por el presidente Javier Milei.

Por otra parte, la medida cautelar también alcanza al personal enrolado en SUPARA, el gremio que representa a los trabajadores de Aduana.

La intención del Gobierno nacional era reducir el 15% del personal de ARCA, lo que representa unas 3.155 personas.

Ante este escenario, Altieri cargó: "El señor Sebastián Beato -presidente de ACARA- dijo que no les paguen a los despedidos las indemnizaciones. Hay además un delito de extorsión enorme. Te pueden decir que una persona con 30 años en un ente público no lo podés echar y cuando lo hacen no consideran a las personas como seres humanos".

"Una cosa es reducir el Estado y otra dejarla tirada y peor aún echar a la gente sin cumplir con las indemnizaciones que les detallan en las cartas documentos. Nuestro sistema republicano es de contrapesos y el Poder Judicial tiene que ponerle un límite a esos abusos, porque si no vamos a terminar como sociedad muy mal", dijo Altieri.

Y añadió: "Les dijeron que si no aceptaban el retiro voluntario iban a seguir trabajando facturando en una situación muy precaria, laboralmente hablando".

"Hay algunos funcionarios que hacen operaciones financieras con el dinero de la gente en beneficio propio. El caso de ACARA es más grave porque le dice al abogado Diego Godoy que siga adelante violando distintas leyes, infringiéndolas de manera muy grave", sostuvo.

Aclaró que, "si se entera, el ministro Cúneo Libarona debería ordenar que se paguen todas las indemnizaciones, al menos la mitad de ese monto. Esto no tiene nada de humano. Esto no es hacer al sistema estatal eficiente tratando mal a la gente".

"Cuando ves a la gente tratando de tomar un préstamo para poder comprar comida es tristísimo", lanzó.

Altieri evaluó que "si me decís que los que no van a trabajar son echados está muy bien. Pero cuando ves a alguien con 30 años de antigüedad con una foja de servicios impecable. No se puede dejar a la gente afuera así y sin comer".

"Esto no es política, es otra cosa. Y si se sienten con el derecho a despedir a la gente, por la causal 247, pagale las indemnizaciones. Beato ayer dio una conferencia en una universidad de Rosario, qué puede decir a modo de ejemplo", concluyó. 

El empresario automotor Sebastián Beato, presidente de ACARA, durante febrero había sido denunciado de haber promocionado una línea de créditos inexistente del Banco Nación para la compra de autos 0Km. El anuncio de Beato fue replicado por numerosos medios de comunicación.