Crisis Nación-Chubut, sin vuelta atrás y con pronóstico difícil

Las escalda del enfrentamiento entre el presidente Milei y la provincia de Chubut, a cuyo gobernador expresaron su respaldo casi todos los gobernadores y vicegobernadores, no tiene a la vista posibilidades de frenarse, muy por el contrario, desde uno y otro costado las advertencias continúan.

Ignacio Torres, el gobernador patagónico sobre el que se centra la presión de la Nación, anunció que este lunes presentará la demanda judicial concreta para que le repongan los $13.500 millones de coparticipación que le han sido retenidos.

También adelantó el mandatario que iniciará una demanda penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por el cese del envío de fondos. La remisión de fondos coparticipables, de acuerdo al porcentaje que le corresponde a cada provincia es un movimiento contable que se realiza diariamente al finalizar la operatoria financiera. Una vez cargada la recaudación que llega a las cuentas nacionales el sistema remite automáticamente el dinero a sus destinatarios.

Es decir, que para suspender el envío hay que hacer una operación concreta con respecto a cada provincia si es que la Casa Rosada pretende aplicarlo al resto del país.

La reacción del gobernador, tanto la judicial como la operativa, ha sido respaldada por los demás mandatarios patagónicos, quienes también podrían llegar a restringir los envíos de petróleo y gas. La posible decisión se consensuó en una reunión que mantuvieron el sábado y que repetirían el lunes para después comunicar lo decidido a través de una conferencia de prensa.

Mientras tanto, el resto de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se comunican permanentemente entre sí para estar alertas ante la posibilidad que las medidas se repitan con otros distritos.

La posibilidad concreta de cortar la salida de petróleo y gas es difícil de concretar y, de ocurrir, se judicializaría inmediatamente, pero, de todos modos, el anuncio de Torres y la posibilidad o no de hacerlo ya puso a Chubut en los titulares nacionales.

Esas acciones de rebeldía de las provincias, aunque no tengan efectos concretos y permanentes ponen el conflicto en boca de todos. Dos ejemplos del pasado de este tipo de acciones de los gobernadores fueron cuando el exgobernador de Mendoza, Felipe Llaver, tomó en forma pacífica en 1985 las centrales hidroeléctricas de Los Nihuiles que pertenecían a la empresa estatal Agua y Energía durante la presidencia de Raúl Alfonsín, para reclamar que fueran traspasados a la provincia.

Otro episodio de esa índole fue cuando el exgobernador de Río Negro, Horacio Massacesi, ordenó en 1991 incautar dinero del tesoro regional del Banco Central para pagar sueldos durante la presidencia de Carlos Menem.

A Llaver le fue bien porque la centrales hidroeléctricas pasaron a patrimonio de Mendoza y después se privatizaron. Al rionegrino le costó una condena a tres años de prisión por parte de la Justicia Federal.

En contrapartida, Milei redobla la apuesta y se aísla confrontado con todos los gobernadores y con el Congreso y cortando toda posibilidad de diálogo con lo que se dificultaría la aplicación de medidas de gobierno que necesiten alguna forma de consenso.

Mauricio Macri como presidente del PRO, partido al que pertenece Ignacio Torres y varios de los mandatarios que lo respaldan están buscando canales de diálogo pero no encuentran interlocutores.

La crisis se traspasa lo institucional entre las provincias y la Nación, por lo que tanto el recorte de fondos como el suministro de hidrocarburos terminará en la Justicia, pero en lo político está amenazando con lastimar al PRO. Macri y los gobernadores de su signo están más cerca de Torres, pero Bullrich y algunos diputados se ponen del lado de Milei y eso no va a terminar bien.