Más allá de la salud: por qué el cierre de la ANDIS pone en jaque la inclusión real de 6 millones de personas

La decisión del Gobierno de avanzar con el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) encendió las alarmas en las organizaciones de la sociedad civil. Más allá de la reestructuración administrativa, el temor latente es un cambio de paradigma que podría significar un retroceso histórico en materia de derechos humanos.

Alex Goldman, representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS), expresó la consternación del sector ante una medida que no fue consultada. El eje de la preocupación radica en que la discapacidad deje de ser vista como una cuestión de Derechos Humanos que debe abordarse de forma transversal a todas las áreas de la vida, como trabajo, vivienda y accesibilidad; para reducirse nuevamente a un enfoque puramente médico.

"La discapacidad no es solo una cuestión médica o de salud, la agencia tenía autonomía y era transversal a todos los ministerios porque pensaba la problemática no solo en cuanto a salud, sino también trabajo, accesibilidad, familia, vivienda. Nos preocupa que se pierda esta transversalidad", explicó Goldman.

El impacto no es menor ni sectorial. Según datos del INDEC citados por CAIDIS, el 12,9% de la población argentina, alrededor de unos 6 millones de personas, tiene algún tipo de discapacidad certificada. No se trata de una minoría aislada la vejez o los accidentes pueden situar a cualquier ciudadano en este espectro, lo que hace vital la presencia de un Estado garante de la igualdad.

Desde el gobierno se argumentó la necesidad de transparencia y auditoría para justificar los cambios. Sin embargo, desde las organizaciones advierten que corregir irregularidades no debe implicar la destrucción de la institucionalidad que protege a los más vulnerables.

"Las políticas públicas y la transparencia no se resuelven disolviendo organismos. No estamos de acuerdo con el uso de las personas con discapacidad para justificar un recorte", sentenció el representante de CAIDIS.

El sector viene en crisis hace tiempo y la medida podría deteriorar aún más la situación actual. Goldman denunció que, en función de resolverlo, hace tiempo impulsan la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Dicha Ley fue votada cinco veces por el Congreso pero sigue sin aplicarse efectivamente. A esto se suma un atraso crítico en los pagos a prestadores, que ya cobran con un atraso de entre 90 a 120 días; y la interrupción en la entrega de insumos básicos como medicamentos y pañales desde noviembre pasado.

Según Goldman, sin un plan de transición claro hacia "lo nuevo", la disolución de la ANDIS deja interrogantes urgentes sobre el futuro inmediato, desde la tramitación de pensiones hasta la garantía de apoyos escolares para 2026. Para el colectivo, la transparencia es necesaria, pero nunca a costa de la dignidad y la vida en comunidad de millones de argentinos.