Argentina busca frenar la ejecución del fallo de Preska por la nacionalización de YPF

La Procuración del Tesoro de la Nación presentó dos escritos ante el juzgado de Loretta Preska para frenar la ejecución del fallo que condena al Estado argentino a pagar US$ 16.000 millones por la nacionalización de YPF. La medida busca suspender la orden que exige la entrega del 51% de las acciones de la petrolera.

Entre los principales argumentos, el Estado señala que la ejecución va en contra de la legislación nacional, ya que la transferencia de acciones estatales requiere la aprobación del Congreso argentino. Además, remarcan que forzar el traspaso implicaría un cambio de control en la compañía y la activación de cláusulas que afectarían a los actuales accionistas.

Fallo Preska: impacto legal, político y económico

La defensa legal del Estado sostiene que el caso no es una disputa comercial común, sino un conflicto inédito que plantea cuestiones jurídicas complejas, tanto a nivel nacional como internacional. Se remarca que la decisión de la jueza Preska podría contravenir principios del derecho internacional y la política exterior de Estados Unidos.

Además, se asegura que los demandantes (Petersen/Eton Park y Bainbridge) no sufrirían perjuicio si se suspende la orden. En cambio, una ejecución inmediata podría afectar a terceros como provincias productoras, bonistas y socios estratégicos de YPF.

El Gobierno busca mantener el statu quo y evitar daños colaterales

El Gobierno considera jurídicamente inválida la entrega de acciones a través de un contrato de custodia bajo jurisdicción estadounidense. También afirma que la transferencia sería inviable sin la aprobación legislativa en Argentina, aun si el fallo fuera ratificado por Preska.

En su presentación, la Procuración del Tesoro insistió en que el fallo podría ser revertido o modificado en instancias superiores, ya que presenta aspectos legales que no han sido abordados previamente en tribunales de apelación.

Por último, el equipo jurídico del Estado respondió a las menciones de declaraciones del gobernador Axel Kicillof por parte de los demandantes, aclarando que sus opiniones políticas no representan la postura, ni la estrategia del Gobierno nacional.

Con información de NA