Adorni: "El Polo Obrero maneja una caja $5.461 millones y extorsiona a la gente"
El vocero presidencial confirmó que se recibieron 8.900 denuncias, en la línea 134, habilitada por el Gobierno para informar que se recibieron presiones para participar de las marchas
Por Redacción
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, afirmó que las organizaciones sociales que marcharán esta tarde tienen "temor a que pierdan el negocio" y detalló que el Polo Obrero, una de las organizaciones convocantes, "maneja una caja de 5.461 millones de pesos, siempre extorsionando o maltratando a la gente que necesita estos planes y tiene necesidades".
Denuncias al 134
"Hasta el momento se recibieron 8.900 denuncias en la línea 134 y el protocolo se está desarrollando con total normalidad, con controles preventivos en estaciones de trenes y accesos a la ciudad", informó Adorni en conferencia de prensa.
El vocero presidencial especificó que "hay datos relevantes en los que se identifica puntualmente a quién es el que extorsiona", y que "se tomarán las medidas pertinentes".
“El que corta, no cobra”
La ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, explicó cuál será la posición del Gobierno frente a la movilización convocada por el aniversario de la crisis del 2001, esta tarde en Plaza de Mayo. La funcionaria reafirmó que “el que corta, no cobra” y sostuvo que desde la gestión “se va a priorizar las ayudas que son de asignación directa y donde no hay intermediarios, como la AUH”.
Respecto a las movilizaciones, “nadie puede obligarlos a ir a una marcha y es innecesario exponer a los menores”, enfatizó Pettovello.
"¡El protocolo es completamente legal!"
"¡El protocolo para el mantenimiento del orden público es completamente legal!", destacó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en sus redes sociales y advirtió: "solo quienes ignoran la ley viven fuera de ella podían pensar lo contrario".
Bullrich defendió la legitimidad del protocolo de seguridad y se refirió a la decisión adoptada por el juez de instrucción Gustavo Pierretti, que rechazó el hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por las organizaciones sociales, que solicitaron dejar sin efecto el protocolo dispuesto por el Gobierno nacional.