Aborto legal: obligan al Gobierno provincial a informar sobre la implementación de la ley

El derecho a la información pública y la implementación de la Ley 27.610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en la Argentina, han vuelto a enfrentar a organismos civiles y gubernamentales. 

Recientemente, la Corte provincial de Mendoza ordenó al Gobierno provincial proporcionar información detallada y veraz sobre el estado de implementación de esta ley, en respuesta a un reclamo impulsado por las organizaciones Amnistía Internacional y Libera Abogacía Feminista.

En diálogo exclusivo con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News), Milagros Noli, directora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia, explicó: "La Corte ha conocido un proceso donde había dos organizaciones, Amnistía Internacional y Libera Abogacía Feminista, que habían pedido al Ministerio de Salud de la provincia información acerca de la implementación de la Ley 27.610. Las partes peticionantes, al recibir las respuestas del Ministerio de Salud, entendieron que había información exacta, información confusa y que faltaba información".

La demanda de transparencia: un recurso de incumplimiento

La situación no tardó en escalar: las organizaciones, al percibir la falta de claridad en las respuestas del Ministerio de Salud, apelaron a un recurso de incumplimiento en la oficina de ética pública. Sin embargo, el recurso fue rechazado, lo que motivó a las organizaciones a elevar el caso a la Corte.

"Acá se cruzan dos temas importantes", detalló Noli, "uno es la implementación de la 27.610 y otro es la ley de acceso a la información pública. Entonces, a través de la Ley 9.070, hacen un pedido de información al Ministerio de Salud, y esa información que el Estado tiene la obligación de producir para cuando una organización no gubernamental pide información debe tener ciertas características: tiene que ser información certera, veraz y clara. Lo que las organizaciones entendieron es que las respuestas no satisfacían esas exigencias".

La obligación del Estado: sentencia y consecuencias

La Corte de Mendoza dictó la sentencia obligando al Gobierno a otorgar la información requerida. Milagros Noli reflexionó sobre el impacto del fallo: "El Gobierno de Mendoza ha sido obligado a otorgar la información que las partes solicitan, no sé si el gobierno seguirá algún litigio".

El fallo establece que el Estado incumplió su obligación de asegurar el acceso a la información en temas de derechos sexuales y reproductivos de mujeres y personas gestantes en Mendoza, destacando una necesidad crítica de claridad y transparencia en un tema de alta sensibilidad social.

"Los doctores Palermo, Valerio y Adaro sostienen que el Estado ha incumplido en su obligación de permitir el acceso a la información en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas gestantes de Mendoza", concluyó Noli, reafirmando la relevancia de este precedente judicial.

Producción periodística: Daniel Gallardo