Diputados aprobó un fondo anticíclico menor al pedido por Cornejo

Diputados aprobó un endeudamiento de $1.600 millones para el Fondo Anticíclico Vitivinícola que se prorrateará hasta 2022 y envió el proyecto al Senado para su revisión.

Nuevamente el escenario parlamentario mendocino vivió intensas horas de negociaciones políticas entre el oficialismo y la oposición. El Fondo Anticíclico fue ese tire y afloje donde visiones, verdades y hasta pases de factura sobresalieron en uno y otro lado de una trinchera que para nada se aleja de sacar provechos en el año electoral que ya se inició en la provincia.

Mientras el oficialismo salía a solicitar nuevamente la media sanción del proyecto de ley que daría respuestas inmediatas a la grave crisis que afecta al sector vitivinícola, con la creación de un fondo que tendría vigencia hasta el 2022. La oposición reiteraba su negativa por el origen de los montos que aglutinarían los $1.000 millones y la vigencia de tres años más por considerarlo inconstitucional. Desde ahí fueron arduas las deliberaciones, que fueron monitoreadas por el ministro de Gobierno, Lisandro Nieri, en por lo menos una oportunidad y del titular de la cartera económica, Martín Kerchner Tomba, que se hizo presente en el edificio legislativo en diferentes momentos de la tórrida jornada, del mismo modo que el presidente del PJ local, Guillermo Carmona. 

Deliberaciones donde el oficialismo ofreció que el fondo sea mixto, es decir un 70% de toma de deuda y un 30% de recursos públicos. Algo que la oposición se negó sistemáticamente. 

En todo momento de la negociación, el Frente Cambia Mendoza se mantuvo firme en dos puntos: debía tomarse deuda y que se instalara el Fondo Anticíclico en los tres años venideros, aspecto clave por lo que, quizás, se trabó la negociación con la oposición en gran parte de la extenuante jornada.

La sensatez llegó con el acuerdo

La unidad que el camino de las elecciones no está logrando con los peronistas mendocinos, el fuerte debate en la Legislatura con el oficialismo por el proyecto de ley del Fondo Anticíclico consiguió que todo el justicialismo se abroquelara en una misma dirección de respuesta. No solo eso, los sectores se mostraron unidos en la negociación ante el Frente Cambia Mendoza y eso les valió que se destrabe una iniciativa de la administración de Alfredo Cornejo con base a los cinco puntos que en su momento presentó la senadora de la Nación Anabel Fernández Sagasti (PJ-UC)

A principios de esta semana, la legisladora kirchnerista detallaba a El Ciudadano esos cinco puntos: “Una partida de recursos de la Provincia que sean transferidos al Fondo para la Transformación y Crecimiento, donde se refuercen programas de cosecha y acarreo. Eso con tasas, plazos y condiciones que requiere el momento que vive el sector. En los puntos dos y tres de la propuesta se trata de las partidas al Ministerio de Economía de la provincia para implementar una operatoria de compra de uvas a productores que elaboren mosto para exportar. Del mismo modo, la compra de vinos para exportación”.

“El cuarto punto habla de una partida de recursos al Ministerio de Gobierno para que se instrumente una operatoria de apoyo al trabajador de cosecha, con el objeto de sostener el nivel de empleos y salarios. Mientras que el quinto punto estamos proponiendo destinar el remanente de los bonos fiscales que han sido aprobados por esta Legislatura para compensar la medida del Gobierno nacional de imponer el alza en retenciones la baja en reintegros”, sostuvo.

El monto global del acuerdo quedó discriminado en $1.600 millones para este año y $1.600 millones para los tres restantes años con aportes de la provincia. Esto significa que se redujo notablemente el endeudamiento que proponía el Ejecutivo en un 60%. Lo otro destacado de las intensas negociaciones en la Cámara de Diputados es que Unidad Ciudadana habría obtenido el visto bueno del PEP para que el Fondo Anticíclico Vitivinícola contenga alrededor de $130 millones para asistir a trabajadores del sector en crisis.

Ceño fruncido a los grandes grupos vitivinícolas

Nadie dejó de señalar las actitudes especulativas de ciertos sectores de la industria del vino, a quienes hacen responsables de la crisis del sector y dicen que el difícil trance no los perjudica, por el contrario, los beneficia. Expresiones que nuestro diario pudo extraer de diferentes diálogos periodísticos, como el que manteníamos con el diputado nacional José Luis Ramón que dijo: “En Protectora, desde el año pasado veníamos previendo que alguna trapisonda se produciría a raíz de la falta de control que existe sobre el pequeño grupito de las tres grandes bodegas que vienen apoderándose del mercado en nuestra provincia”.

“El sobrestock vínico es un supuesto caso en donde las bodegas no tendrían la capacidad para tomar la uva de los pequeños y medianos productores. Entonces estamos ante un tema delicado porque este grupito de los tres grandes ha acaparado el mercado de la viticultura. Algo que los ciudadanos comunes tienen que aprender a distinguir: la vitivinicultura como el mercado general y la viticultura que es la que proviene de los pequeños y medianos agricultores. Estos últimos son los verdaderamente afectados de una política que no controla el monopolio y el oligopsonio provocado por estas tres grandes empresas que no piensan de ninguna manera recibir la uva de los pequeños y medianos productores y colocar el precio que tiene que tener en el mercado”, agregó.

Quien también se mostró muy molesto fue el diputado Ricardo Mansur (UCR-FCM): “Se tiene que entender que estamos en una emergencia. Aprobar este proyecto es vital para la compra de uva y de él depende que se pueda levantar la cosecha. Asimismo, poder diversificar, es decir, tener menor existencia de vino. Creo que ha quedado claro que los sectores vitivinícolas, y fundamentalmente el fondo vitivinícola de Mendoza, ha estado engañando al Gobierno provincial con las cifras. Algo que posibilitó la importación de vinos y esto generó excedentes”

Finalmente el legislador oriundo de una de las zonas más fuertes de la vitivinicultura expresó: “Esta crisis es tan fuerte que muchos de esos productores todavía están cobrando la uva que vendieron el año pasado. Demostración que a esas grandes bodegas no les interesa el operativo de compra, solo les sirve y quieren el crédito fiscal para las exportaciones. Por supuesto, la salvedad es que el valor del vino sea muy bajo. Por eso propongo que no menos del 75% a 80% del fondo que se apruebe esté destinado a la compra de uva para esos pequeños y medianos productores en serios problemas. El 20% para crédito fiscal para exportaciones de los grandes bodegueros. Sobre estos últimos, solicitaré que todas aquellas bodegas que importaron vinos no puedan acceder a este crédito”.