Un exjuez, a un exfiscal y 19 expolicías detenidos en Mendoza

Tras una presentación conjunta realizada por la Fiscalía Federal N°2 de Mendoza y la PROCUVIN en el marco de la causa que investiga la desaparición forzada de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria fueron detenidos un exjuez, un exfiscal y 19 e policías, por dos desapariciones forzadas ocurridas en 1990 en la provincia de Mendoza, según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación,

El expediente investiga lo ocurrido el 28 de abril de 1990 entre las 15 y las 16 cuando Garrido conducía un auto Fiat rural 1500 e iba acompañado de Baigorria por la rotonda de Monseñor Orzali, del Parque General San Martín en dirección a Godoy Cruz, y fueron interceptados por efectivos de la Compañía Motorizada de la Policía de Mendoza frente a la Escuela Hogar "Eva Perón". Primero los trasladaron a la Comisaría 5ta, donde fue hallado el vehículo en el que iban, y posteriormente fueron alojados en los calabozos de la Dirección Investigaciones, donde fueron vistos por última vez con vida pero golpeados.

La justicia local entendió en la causa, hasta que por pedido de la organización local de derechos humanos "Xumek," pasó a la justicia federal a fines de 2017 para que se investigara el caso como desaparición forzada de personas. El juez federal Marcelo Garnica delegó la investigación el 9 de febrero de 2018 al Ministerio Público Fiscal, representado por la Fiscalía Federal N° 2, quien efectuó un análisis pormenorizado de la causa y de la documentación existente para poder elaborar una hipótesis acusatoria que permitiera definir líneas de trabajo determinadas. 

La investigación arrojó datos suficientes como para solicitar a la Policía de Mendoza la remisión de los legajos e información referente a distintos integrantes de dicha fuerza que podrían tener alguna vinculación con los hechos, además de analizarse más de 150 declaraciones testimoniales, tanto en la justicia provincial como también en la actuación de la Comisión Ad hoc de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Se trata del primer caso de desaparición forzada en democracia en Argentina que arribó a un tribunal internacional, y el 2 de febrero de 1996, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló de forma unánime y tomó nota del reconocimiento del Estado Argentino de su responsabilidad en los hechos denunciados.