Piden que se juzgue a Espinoza con perspectiva de género

Estela Díaz, ministra de Mujeres y Género de la provincia de Buenos Aires, solicitó “una resolución con celeridad” ante la denuncia y procesamiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por abuso sexual.

Díaz aseguró que no conoce los detalles de la “denuncia que tiene casi tres años”. Al mismo, aclaró que su cartera está a disposición para acompañar a quien realizó la acusación porque “siempre acompañamos a las víctimas”. “Hay un proceso judicial en curso y pedimos que se juzgue con perspectiva de género, que se garantice el acceso a la justicia y manifestar también una gran preocupación porque esto fue hace tres años”, expresó. https://ciudadano.news/politica/dos-intendentes-bonaerenses-quedaron-muy-complicados-ante-la-justicia

La ministra remarcó que la demora con la que se encuentran los que denuncian muestra “una falta de acceso a la Justicia y desalienta a otras personas en la misma situación”.

“Lo fundamental para nosotras es el acompañamiento institucional, porque estamos para eso, y exigimos que sea con celeridad y perspectiva de género debido a que es fundamental en las denuncias de este tipo de delitos”, añadió la ministra.

Por último, informó que la víctima “nunca se contactó” con su cartera y que, situaciones como estas, se registran en varios distritos de la Provincia donde están acusados “dirigentes políticos de distinto signo” pero que no se han informado públicamente porque “no había interés de difusión”.

Fernando Espinoza procesado por abuso sexual

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, fue procesado por los delitos de abuso sexual simple y desobediencia, según lo dictaminado por la jueza María Galletti. En el marco de este proceso, se ha impuesto una orden de prohibición de acercamiento y contacto hacia la víctima, estableciendo una distancia mínima de quinientos metros durante todo el proceso penal.

Además, como medida preventiva, se ordenó un embargo sobre los bienes personales de Espinoza hasta cubrir la suma de $1,500,000. A pesar de las acusaciones, la jueza Galletti decidió mantener la libertad provisoria del intendente, considerando que no se acreditaron los riesgos procesales suficientes para justificar una detención preventiva.