13 Abril de 2022 - 21:57
La financiera ilegal que operaba en Salta tenía un capital superior a los US$ 3 millones y a los 2.219 millones de pesos. En la causa hay más de 21 implicados de los cuales 15 están detenidos y 9 son policías.
Hoy, la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, dio una conferencia de prensa luego de que se levantara la reserva de las actuaciones.
“La financiera ilegal conocida con el nombre Ríos & Asociados comenzó a operar en junio de 2021, en Metán, y luego abrió una sede en la capital de Salta”, informó. ”Desde el inicio movió, aproximadamente, un capital de 2.219 millones de pesos y 3.265.280 dólares”, agregó.
¿Qué encontraron?
Posteriormente, precisó que se realizaron 26 allanamientos donde se secuestraron 23.213.960 pesos; 60.388 dólares; 12 automóviles; 7 camionetas y 2 motocicletas, muchos de alta gama; cédulas verdes y parcelarias; celulares y bienes muebles recientemente adquiridos. Además, se detectó que 1.739 personas habrían concurrido a la financiera para invertir.
Sobre los implicados, Salinas Odorisio aseguró que son 21, 9 de ellos miembros de la Policía de la Provincia. Se trata de dos comisarios, dos oficiales principales, un cabo y cuatro suboficiales. Además hay un hombre y una mujer permanecen prófugos y son 15 los detenidos en la causa.
Según se pudo establecer, la cabecilla de la financiera es una mujer que ya se encuentra privada de libertad, que además tiene antecedentes por estafas y era secundada por algunos de los civiles detenidos. En el tercer escalón de la pirámide actuaban los policías como captadores.
¿Qué es el esquema Ponzi?
La fiscal explicó que se utilizaba un esquema Ponzi, donde se captaron nuevos inversores que servían para pagar a los primeros. A través de distintas pruebas reunidas, será posible demostrar los plazos, montos y retornos prometidos por los miembros de la fuerza policial y la implicación de la comisaría de la División Cobranzas Adicionales.
Cuatro de los policías implicados no están detenidos y tres de estos cumplían rol de seguridad en la financiera, mientras el último sería quien informó a la cabecilla de la banda de los allanamientos para que tuviese tiempo de desaparecer dinero y pruebas.
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