La autopsia de Aralí Vivas confirma abuso y agravan la imputación contra los acusados

En un trágico y conmocionante giro en la investigación del asesinato de Aralí Vivas, la niña de 8 años que fue encontrada muerta en Brinkmann, Córdoba, la autopsia reveló que fue abusada sexualmente antes de ser asesinada. 

Este hallazgo, sustentado por la presencia de material genético masculino en su cuerpo, llevó al fiscal Oscar Gieco a agravar las imputaciones contra los principales acusados, Matías Ezequiel Simeone, padrastro de la menor, y Cristian Hernán Varela, un amigo de este.

La imputación fue recalificada a homicidio criminis causa, un delito que contempla la pena de prisión perpetua al considerar que el asesinato fue cometido para encubrir el abuso sexual. "El informe forense fue determinante para confirmar la existencia de un ataque sexual previo, lo que fundamenta la acusación de homicidio con el fin de ocultar otro delito", explicó el fiscal Gieco antes de apartarse del caso.

La madre, detenida por complicidad

Rocío Milagros Rauch, madre de Aralí, también permanece detenida, imputada como partícipe necesaria de homicidio calificado por el vínculo y por omisión. 

Si bien a la mujer no se le atribuye participación directa en el asesinato, se investiga su rol pasivo y su posible conocimiento de los hechos previos que derivaron en el trágico desenlace.

Cambio de fiscal y revisión de responsabilidades institucionales

A partir de este martes, el fiscal Oscar Gieco decidió apartarse de la investigación, que ahora quedó en manos de la fiscal de Morteros, Yamila Di Tocco. La nueva responsable de la causa deberá continuar con las diligencias judiciales, además de investigar la actuación de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y la Unidad de Desarrollo Regional (UDER) de San Francisco. Ambos organismos están bajo escrutinio por su papel en la reinserción de Aralí y sus hermanos en el entorno familiar en el que ocurrió el crimen.

El caso de Aralí Vivas sacudió a la tranquila comunidad de Brinkmann y abrió un fuerte debate sobre las medidas de protección infantil y la capacidad de las instituciones para garantizar la seguridad de los menores. La continuidad de la investigación bajo la fiscal Di Tocco será crucial para avanzar en la búsqueda de justicia y en la evaluación de posibles fallas institucionales que pudieron contribuir a este desenlace fatal.