Grave acusación de violencia de género y hostigamiento en la Penitenciaría provincial

Una grave denuncia, que no es actual ni mucho menos, hace ruido en las esferas del Servicio Penitenciario de la provincia. Una suboficial subayudante, Vanina Rubilar, denunció una serie de hostigamientos y acosos que habría sufrido en su ámbito de trabajo –complejo Boulogne Sur Mer de Ciudad- y llevó su problemática a la Justicia, mediante una denuncia en la Fiscalía de Género, Inspección General de Seguridad (conocida como IGS) y un amparo contra tres integrantes de la Penitenciaría, entre ellos el director general, Eduardo Orellana.

De acuerdo a lo expresado por su abogado y esposo, Edgardo Ordovini, la mujer fue víctima de innumerables actos de violencia verbal y psicológica que derivan en una actual internación domiciliaria por un cuadro de depresión severo (denominado clínicamente como F32), que obviamente no le permite trabajar.

Desde el inicio de esta pandemia la mujer, patrocinada por su defensor, hizo las denuncias correspondientes por los hechos que habría vivido en Boulogne Sur por parte de Leonardo Musolino, hombre que tiene la categoría de alcaide mayor. Como dijimos, se hizo una presentación en la Fiscalía de Violencia de Género (exp. 25119/20), pero hasta el momento no habría recibido ninguna respuesta.

“Desde que se realizó la denuncia, de forma online por la situación sanitaria, recién se comunicaron con ella hace unos días, habiendo pasado más de cuatro meses con todo lo que significa para una víctima de violencia de género”, indicó Ordovini.

Respecto al amparo presentado, expediente 266231, el Tribunal de Gestión Nº 1 resolvió que se adopten medidas de “prohibición de acercamiento de los presuntos agresores, Leonardo Musolino, Gabriel Celedón y Eduardo Orellana, al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o lugares de concurrencia de la víctima”. En este punto hay que aclarar que en la denuncia se apunta a Musolino como agresor directo mientras que los otros funcionarios, han sido incluidos por omisión de los actos de violencia que habría sufrido la suboficial.

Además, el Tribunal también expuso que los notificados “cesen en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente realicen hacia la señora Rubilar intertanto se resuelva el amparo presentado”.

¿Qué dice la Inspección de Seguridad?

En esta causa, como en otras de violencia dentro de dependencias de Seguridad, se le da intervención a la Inspección General de Seguridad (IGS), quien inicia una investigación sobre lo sucedido.

Marcelo Puertas, titular de este organismo estatal, explicó que “no se ha solicitado el traslado del acusado, de todos modos el pedido puede o no ser aceptado por la autoridad a la que va dirigido” y que hoy “se tratará la iniciación o no, en base a pruebas, de un sumario contra la persona denunciada”.

El traslado al que hace mención el funcionario está enmarcado en uno de los artículos de la ley 26.485 (Protección Integral a las Mujeres), que habla de una protección judicial y preventiva cuando se encuentren amenazados o vulnerados cualquiera de sus derechos amparados por esta ley, no pudiendo compartir espacio físico tanto víctima como agresor.