Destituyeron a fiscal acusado de robar droga a narcos

El Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados de la provincia de Buenos Aires, finalmente resolvió destituir de su cargo al ya suspendido fiscal de San Isidro, Claudio Scapolán.

El exfiscal está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita integrada por policías y letrados que sustraían droga que había sido secuestrada a narcotraficantes para luego venderla.

En un fallo por mayoría (10 a favor y solo 1 en contra), el Jury también dispuso para Scapolán, presente en la audiencia, la inhabilitación para volver a ocupar cargos públicos y que pague las costas del proceso.

A partir de fallo, Scapolán ya no es fiscal de San Isidro, cargo al que había sido suspendido previamente el 22 de diciembre por el mismo Jurado de Enjuiciamiento tras ser acusado por el procurador de la Corte Bonaerense, Julio Conte Grand.

Durante el juicio, la presidenta de la Cámara Primera en lo Civil y Comercial de La Plata, Ana María Bourimborde, presidió el jurado, debido a que los jueces de la Suprema Corte provincial y de la Cámara de Casación se abstuvieron de participar en el proceso por haber intervenido en etapas previas. El jurado también incluyó a los conjueces legisladores Juan Pablo Allan (senador de Juntos), Daniel Andrés Lipovetzky (diputado de Juntos), Walter Carusso (diputado de Espacio Abierto Juntos), Sofía Vanneli (senadora de Frente Renovador - Todos) y María Eugenia Brizzi (diputada de Juntos), así como a los conjueces abogados Carlos Fernando Valdez, Héctor Benito Mendoza Peña, Carlos Garavaglia, José Manuel Del Cerro y Juan Emilio Spinelli.

El único voto en contra de la destitución fue el de la senadora Vanneli.

La primera denuncia contra el fiscal Scapolán fue presentada en el 2016 por la exdiputada Elisa Carrió y, posteriormente, por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado.

El exfiscal enfrenta acusaciones por diez delitos, entre ellos ser el jefe de una asociación ilícita, instigar falso testimonio agravado, utilizar documentos públicos falsos, cometer falsedad ideológica de documento público en repetidas ocasiones, sustraer medios de prueba, tener estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravados, cometer cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal, extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes como funcionario público.

Según la jueza, la presunta banda liderada por el fiscal y conformada por varios policías bonaerenses y abogados actuaba con el propósito de sustraer material estupefaciente, coaccionar a individuos para obtener beneficios económicos, permitir la sustracción de pertenencias de personas allanadas e inventar y/o plantar pruebas de cargo.

De acuerdo con la investigación, se acusa a la organización de robar al menos 555 kilogramos de cocaína, US$ 33,000 dólares y $386,000  mediante la extorsión de narcotraficantes entre el 2013 y el 2015.

Un total de 32 personas, incluyendo policías de las Departamentales de Investigación del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Isidro y Quilmes, abogados que habrían facilitado los mecanismos extorsivos y falsos testigos, fueron procesadas por estos delitos y serán llevadas a juicio oral ante los Tribunales Federales de San Martín. Sin embargo, Scapolán no podrá participar en el proceso hasta que sea destituido.

El Jury comenzó el 28 de marzo con las declaraciones de la jueza federal Arroyo Salgado, quien ratificó lo investigado por su juzgado contra el acusado, y el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez.

Después de que varios testigos declararan durante tres días desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, el martes pasado la Procuración bonaerense pidió la destitución de Scapolán al considerar que el fiscal cometió "un sinfín de hechos de suma gravedad".

"Se acreditó que el fiscal Scapolán intervenía en procesos federales cuando no le correspondía hacerlo, intervenía en procesos de jurisdicción ajena a su competencia siempre con el mismo modus operandis, denominado rulo, que se anularon los procedimientos, entre un sinfín de hechos de suma gravedad", consideraron los acusadores.

El fiscal Scapolán se defendió alegando que “no había pruebas en su contra” y que todo era simplemente "meras suposiciones”. Además, trató de deslindar la responsabilidad en el personal policial que participó en los procedimientos investigados.