Por Jeremías Chacón
20 Septiembre de 2020 - 20:48
En este tiempo de pandemia, han sido muchos los decretos que hablan de las restricciones tanto para circular como, por ejemplo, para hacer festejos privados en casas, bares u otros espacios, eventos que propagan mucho más rápido el virus del Covid 19.
Pero más allá de este y con seis meses de cuarentena, muchos ciudadanos son aprehendidos por la Policía por violar estas medidas, que están penadas por la ley. En este caso en particular, la situación parece haberse ido de las manos ya que un hombre realizó una fuerte denuncia contra varios policías por golpes.
La historia comienza en la noche del 15 de septiembre, día en que una familia, compuesta por un matrimonio y sus cuatro hijos, se encontraba en su casa de calle Carlos Pellegrini 507 de Guaymallén escuchando música.
En un momento dado, irrumpió en el inmueble la Policía y fue allí que primero salió una de las hijas del hombre y luego decidió atender él a los agentes que llegaron por un llamado de un vecino.
Según consta en la denuncia por la víctima, Cristian Rodríguez, ante el Ministerio Público Fiscal (exp. D-67982/20), se realiza un relato pormenorizado del hecho y de la brutalidad con la que habrían atacado e incluso, enviado a un calabozo por varias horas con un problema en uno de sus ojos.
Osvaldo Vega, abogado defensor del hombre, señaló ante este medio que “es un claro caso de violencia institucional” y que como los agentes no habrían querido identificarse, se les tomó el número de patente a los móviles en los cuales llegaron hasta la casa de Rodríguez.
Por otro lado, el letrado reconoció que a su defendido se lo tuvo muchas horas detenido y cuando fue liberado, “casi no podía caminar de los dolores por los golpes recibidos en la vereda de su casa”.
En la denuncia se habla de “golpes en el rostro, espalda, cabeza, piernas y brazos”, los cuales habrían sido frente a la presencia de su esposa e hijas.
Como ocurre en este tipo de denuncias de abuso de autoridad por parte de miembros de la Policía, se da intervención a la Inspección General de Seguridad (IGS), quien ya abrió un expediente para investigar lo que explica la víctima.
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