Por Redacción
28 Julio de 2024 - 11:04
Este lunes, Agustín Ibarra, chofer del vehículo que trasladó a Laudelina Peña, tía de Loan Danilo Peña, y el viceintendente de 9 de Julio, Luis Alberto González, prestarán declaración ante la jueza Cristina Pozzer Penzo. La causa, que ya lleva 45 días, investiga la desaparición del menor de 5 años.

Confusión de identidades y amenazas
Inicialmente se creyó que el chofer era Rafael Horacio Miranda, pero se confirmó que era Ibarra, quien conducía un automóvil presuntamente propiedad del senador provincial Diego Pellegrini. Dentro del vehículo, Laudelina Peña habría sido amenazada para declarar sobre un supuesto homicidio accidental de Loan, involucrando al excapitán de navío Carlos Pérez y a la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava.
Liberación de Méndez y nuevas detenciones
En las últimas horas, la jueza dispuso la liberación del expolicía Francisco Amado Méndez, al no encontrar pruebas suficientes para vincularlo con la "sustracción y ocultamiento" del menor. Sin embargo, Méndez seguirá vinculado a la causa. Actualmente, hay siete detenidos con prisión preventiva, incluyendo a Laudelina Peña y al comisario Maciel.

Prohibición de exponer a menores
La Justicia ha prohibido exponer a los cinco menores que estuvieron con Loan el día de su desaparición. Esta medida fue solicitada por la asesora de Menores Rosana Marini, tras la difusión de imágenes de uno de los menores en medios televisivos durante una declaración en Cámara Gesell. Se ordenó a todas las partes involucradas y a los medios de comunicación abstenerse de revelar información sobre los menores, excepto la víctima.
Rechazo a investigar al abogado Fernández Codazzi
El Juzgado rechazó el pedido de detención, indagatoria y allanamiento de la vivienda del abogado José Fernández Codazzi, denunciado por Laudelina Peña. Según Laudelina, Codazzi la obligó a impulsar la hipótesis de que Loan fue atropellado por la camioneta de Pérez y Caillava. La solicitud, presentada por el abogado Fernando Burlando, fue desestimada por la jueza Pozzer Penzo, quien argumentó que no existía el grado de sospecha requerido para citarlo a indagatoria ni para detenerlo.

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