Corrientes
La investigación en curso por los pagos millonarios que la municipalidad de 9 de Julio realizó a la Fundación Dupuy generó un amplio desconcierto y sospechas en torno a la legalidad de los servicios prestados por la organización, que ascienden a más de 1.8 millones de pesos.
La justicia investiga si estos pagos están relacionados con trabajos legítimos o si fueron efectuados sin la autorización legal necesaria, en un caso que involucra la búsqueda del pequeño Loan Peña, desaparecido en Corrientes.
A medida que se avanza en la causa, salieron a la luz irregularidades vinculadas a la habilitación profesional de quienes brindaron servicios a través de la fundación. Uno de los nombres que más resuenan es el de Federico Colombo, quien se presentó como psicólogo para ofrecer apoyo psicológico y moral a menores.
Sin embargo, la justicia reveló que su licencia para ejercer como psicólogo estaba limitada a la provincia de Tucumán, lo que levantó serias dudas sobre la legalidad de sus intervenciones fuera de dicha jurisdicción.
Otro de los involucrados es Verónica Machuca Juni, quien también prestó servicios psicológicos sin poseer el título habilitante correspondiente, lo que agrava las sospechas sobre la Fundación Dupuy. Según Pablo Núñez, asesor de menores, muchos de los servicios psicológicos brindados por la fundación no fueron realizados por profesionales habilitados, y esto puso en jaque la validez de las intervenciones que se llevaron a cabo con menores.
La defensa pública manifestó su preocupación por las reconstrucciones realizadas con niños, quienes fueron grabados durante las sesiones sin los permisos correspondientes, exponiéndolos públicamente. De acuerdo con fuentes citadas por Infobae, estas actividades se llevaron a cabo bajo el amparo de la Fundación Dupuy, que carecía de la legalidad necesaria para realizar dichas intervenciones.
El caso tomó aún más relevancia con la aparición de Delfina Taborda, quien se presentó como abogada de Camila, prima de Loan Peña. En diversas entrevistas mediáticas, Taborda intentó instalar la hipótesis de que el caso estaba vinculado a redes de trata de personas, aunque las autoridades judiciales determinaron que sus declaraciones no coinciden con la información contenida en el expediente.
Con múltiples irregularidades en el manejo de fondos públicos, la falta de profesionales habilitados, y la exposición indebida de menores, el caso sigue en investigación, mientras la justicia se centra en determinar si los pagos realizados por la municipalidad de 9 de Julio a la Fundación Dupuy respondían a servicios legítimos o si se trata de un esquema de fraude. Las repercusiones pueden tener consecuencias no solo en el plano judicial, sino también en la esfera política de la región.
