A muchos no les extrañó la desopilante idea de concretar una suerte de guerra de secesión mendocina con el suelo argentino.
Porque apelaron a esa sabia memoria colectiva que guarda en el tiempo las conductas de los dirigentes según el color del trapo que gobierne, en qué orden gobierne y las conveniencias según el lugar donde estén parados sus intereses.
Descripción difícil que, traducida al lenguaje criollo, es de acuerdo a cómo se ponga el sol de sus intereses.
Personajes que no tienen ningún problema de defender hoy hasta las últimas consecuencias lo que mañana denostarán hasta las últimas consecuencias.
Si Mendoza u otro estado provincial de similares características sociales, productivas, industriales y financieras, como Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, que aportan miles de millones a las arcas de Argentina, se quieren separar para ser país aparte por sentirse discriminados en la torta de reparto, llegan tarde.
Porque lo tendrían que haber hecho hace mucho tiempo, o por lo menos desde que fue reformada la Constitución Nacional en 1994, que indicaba con mandato expreso que se revisaran los montos de la coparticipación de dineros públicos que dispone el Gobierno central para todas las provincias.
Desde la histórica Convención Constituyente entre las ciudades de Paraná y Santa Fe, ningún gobierno nacional y provincial, hasta nuestros días, fue sensato con la Carta Magna y fundamentalmente con la ciudadanía de cada estado provincial.
Sobre todo, con este último que es el absoluto aportante desde la producción, la industria, el comercio, toda actividad profesional y hasta los trabajadores con el impuesto a las ganancias.
Durante 26 años, la dirigencia política en su conjunto viene especulando descaradamente. Nadie dio un gesto de madurez desde toda la geografía nacional para sentarse.
Desde gobernadores, presidentes, pasando por legisladores nacionales, nadie dio un paso para colocar las cosas, por lo menos en forma cuantitativa en una misma línea de flotación con los montos que le debería corresponder a cada provincia.
Con el facilismo del verso que “eso no se puede hacer, porque será muy difícil acordar, ya que ninguna provincia dejará de percibir lo recibe de coparticipación”.
Una frase que suena dura en oídos de ciudadanos mendocinos, cordobeses, bonaerenses o santafesinos, cuando provienen de provincias que hacen un mínimo aporte al Fisco de la Nación y reciben grandes cifras que descaradamente las utilizan para mantener el clientelismo político y una conveniente pobreza estructural.
Es evidente que a Mendoza la están discriminando y esto es una cuestión cíclica, que depende absolutamente de los trapos políticos de turno.
Aunque esto último también tiene sus pareceres. Porque si nos fijamos en los últimos ocho años “K” de la Nación, a los gobiernos peronistas locales no les fue bien, sobre todo en el último, más allá que la administración de Francisco Pérez fue pésima.
La actual administración de Rodolfo Suarez debe batallar con dureza con la deuda que le dejó Alfredo Cornejo y con el inadmisible gotero discriminatorio de Alberto Fernández.
No la tiene fácil, con un presupuesto muy acotado, sin posibilidades de adquirir financiamiento y con compromisos muy fuertes con tenedores de la deuda mendocina.
Por eso, y en este riguroso contexto, es que la gobernación mendocina se da cuenta una vez más lo importante que sería que se equilibre la coparticipación federal de impuestos.
La provincia no soluciona nada con crear una guerra de secesión. De hecho, el ciudadano común ni lo aceptaría, ni se embarcaría en semejante aventura desde su raíz sanmartiniana donde fue creado el ser nacional que constituye Argentina.
Tampoco es solución el permanente tironeo de una dirigencia política, que no es muy sincera, que especula con los tiempos y con los problemas coyunturales de la gente.
Unos para posicionarse a nivel nacional, otros para hacerlo a nivel local, pero ninguno de los dos trapos políticos sentándose por única vez en el banquito de la sensatez de toda una provincia.