La otra calle sinuosa que se viene para Mendoza

El aviso del gobernador Rodolfo Suárez de que definitivamente eliminará la cláusula gatillo del salario de los trabajadores del Estado no sorprendió para nada al sector estatal.

Actitud que demuestra que se esperaba el anuncio, aunque muchos, dicen, consideraban que fuese cuando se abriera la paritaria de este año. Es decir, en boca de los miembros paritarios del gobierno y no en boca del primer mandatario.

Ante el hecho consumado, no son pocos los gremios que representan al empleado estatal que se miran entre sí, buscando reactivar la histórica intersindical que alguna vez supo de luchas gremiales. Aunque en este caso, la mayoría de la dirigencia gremial tiene prudente cautela para los tiempos que se vienen.

Eso significaría, para los observadores de la vida mendocina, una señal que contiene cierto respeto al nuevo Gobierno, a pesar que se lo considera la continuidad del anterior, aunque marcan notables diferencia entre Suarez y Alfredo Cornejo.

Además porque se espera saber qué propuesta llevará la administración Suárez a la mesa paritaria. Un todo que no implica, dicen desde los gremios, un cheque en blanco al gobernador radical, solo darle la oportunidad de decir qué medidas se instrumentarán para que el corrosivo proceso inflacionario no haga añicos todo aumento de sueldo.

El tema no es fácil, porque la Administración provincial está jugando con todos esos vientos en contra que no tuvo la que se retiró el 9 de diciembre pasado.

Inflación que perfora todo a su paso, inclusive sus antecedentes históricos. Intensas negociación con un gobierno nacional de signo adverso. Necesidad de financiamiento para este año de $16.000 millones; preparar el terreno para que el año próximo se afronte lo que implica el título Mendoza 21 e inmediatamente una catarata de vencimientos que desembocan en el título Mendoza 24 con obligaciones en dólares.

Se agregan los objetivos de gestión y en ellos fundamentalmente las obras públicas. Ya, con la primera enumeración, el Gobierno caminará sus dos primeros años de mandato con lo justo y cuidando que no se vayan de marras dos puntos fundamentales: pago a proveedores y el sueldo de los empleados del Estado.

Si bien es cierto que Suarez tiene buen feeling con la dirigencia política de la provincia en general, sobre todo de la oposición, a la hora de necesitar autorizaciones de financiamiento y evitar perder el roll over, hay reticencia.

En realidad son los revanchismos políticos o pases de factura que el justicialismo, esencialmente, le hace al radicalismo por el soberbio y autoritario tratamiento que recibieron en los últimos cuatro años del exgobernador Cornejo, como lo señalan.

Lo cierto es que se avecinan tiempos de turbulencias, donde se pondrá nuevamente a prueba la muñeca política de la Administración. En este caso en un terreno muy pesado, como es la paritaria de los trabajadores del Estado, que no quieren o no están dispuestos a perder derechos conquistados en similares paritarias, durante un gobierno como el de Cornejo, que no se caracterizó por amplias negociaciones.

Sin embargo se logró esa cláusula gatillo que fue clave para que los empleados públicos no pierdan tanto terreno en sus salarios ante el despiadado paso inflacionario.

El Gobierno provincial deberá llevar en sus forjas de paritarias ofrecimiento y negociación ante los gremios que representan a los estatales. Con un punto muy importante y esperado: decirles a los empleados que su sueldo no se sentirá devaluado y por consiguiente no perderé el poder adquisitivo de sus familias.

Pasos por los que dependerá que las calles no vuelvan a ser sinuosas, ruidosas y de férreas posiciones. Algo que ya se vio a finales del tumultuoso 2019 y que pone las cosas en pronóstico reservado.