Por Ciudadano.News
24 Septiembre de 2022 - 16:59
En nombre de la tolerancia y la diversidad, que son principios que defendemos y adherimos quienes creemos en la democracia, se pretende de manera malintencionada imponer y restringir libertades. Tras el atentado a la vicepresidenta no tardó en llegar el repudio categórico de todo el arco político, salvo algunos y escasos dirigentes de manera aislada, la política y los políticos entendimos que se estaba cruzando todo límite.
Alberto Fernández decidió ir en sentido contrario y acusar a la oposición, los medios de comunicación y el Poder Judicial de profesar “discursos de odio”. Hasta estos días donde avanzó más allá y deslizó su interés por “regular el uso de las redes sociales”.
Esto ya se había propuesto el 8 de octubre del 2020 con el intento de confeccionar el NODIO, un observatorio que recibió un masivo repudio y no se llevó a cabo porque atentaba claramente contra la libertad de expresión.
Desde 1999, Cuba también sanciona a quienes coincidan y profesen con las supuestas sanciones económicas que Estados Unidos le aplica a la isla. Venezuela siguió sus pasos cuando sancionó la “Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” la cual rezaba por “castigar los delitos de odio, la intolerancia en todas sus formas de expresión”.
Con esta ley se justificó la persecución a los opositores y su encarcelamiento. Daniel Ortega, dictador de Nicaragua, aprobó en octubre de 2020 la “Ley de Ciberdelito” que castiga con cárcel a las personas que, según el criterio del régimen, difunden lo que ellos consideran noticias falsas en redes sociales o medios de comunicación. En El Salvador, Nayib Bukele siguió en la misma dirección.
Lejos de avanzar en la agenda y en los problemas y necesidades que tiene la ciudadanía, se intenta utilizar y tergiversar las banderas de la tolerancia y el respeto a un total acatamiento a la autoridad estatal que autoriza o no, según la coincidencia al gobierno, aquellos mensajes o ideas que vayan en la misma dirección.
Expresarnos libremente no solo define el modelo de vida que cada uno tiene derecho a adoptar, sino que aporta en el conjunto el modelo de sociedad en el cual queremos vivir. Si analizamos esto profundamente, la base de cualquier democracia radica en este principio fundamental, ya que este derecho individual es la raíz de la más importante de nuestras libertades: el derecho a pensar por cuenta propia y a compartir con otros nuestro pensamiento. La libertad de expresión tiene una relación esencial e indisoluble con la democracia, sin una, no existiría la otra.
No necesitamos un estado paternalista que nos cuide de la información. En todo caso, como ciudadanos razonables, necesitamos ámbitos propicios para desarrollar nuestras capacidades críticas, para que a través de nuestros propios procesos sepamos discernir qué información es válida, verificable, o irrefutablemente cierta. Y para ello necesitamos información, acceso a toda aquella que sea posible (y no vulnere datos sensibles) con un Estado que garantice pasiva y activamente la disponibilidad de datos.
Las expresiones vertidas en este artículo de opinión corresponden al autor y, de ninguna manera forman parte de la línea editorial de Ciudadano News.
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