La anomia, el tango y el mate

Nos lo han dicho en múltiples ocasiones, les damos la razón sí, pero de ahí en más no se registran cambios.

La Argentina pareció ser un país promisorio, destinado a estar entre las primeras naciones, pero desde los “viejos buenos tiempos”, que, por supuesto no le eran para todos, esta nación viene cuesta abajo en la rodada añorando las ilusiones pasadas.

Apegados a algunas tradiciones y añorando las bondades de otros pueblos apenas sostenemos la idea de identidad nacional, el sentido de unidad del Estado, generalmente amalgamado por simbologías, sí de gran carga afectiva pero de dudosa solidez a la hora de enfrentar los verdaderos desafíos.

Valga esta perorata inicial para llamar la atención sobre la permanente dicotomía entre el deber de respetar las normas, todas, las emanadas de los poderes institucionales y las impuestas por las reglas de convivencia.

La tendencia generalizada es que las respetamos hasta donde nos convenga, hasta el momento que nos causen algún daño o una simple incomodidad.

No es una característica solamente de los argentinos, claro está, pero en nuestro país esa forma de actuar se ha fogoneado siempre, por la ineptitud de los que las deben establecer y hacer cumplir, y que deberían cumplirlas ejemplarmente primero que nadie.

De ahí que por un lado se entronizó el concepto aceptado socialmente de “hecha la ley, hecha la trampa”. O que hasta qué punto corresponde cumplir con la ley a costa de lo que fuere, o que en algún momento es más conveniente mirar para otro lado porque así es menos incómodo.

Vamos al caso del cumpleaños de la Primera Dama y de todas derivaciones que ha provocado la reunión en Olivos violando las directivas que en ese entonces había dictado para el resto de los habitantes el inquilino principal de la morada.

Dejando por un momento de lado el uso excesivamente electoralista que le ha dado la oposición al tema, el hecho que se plantee pedir el juicio político del Presidente pone en funcionamiento una serie de mecanismos institucionales muy graves.

A tal punto se agitaron las aguas, que mientras que los sectores más duros no vacilaron en buscar los motivos para echar a andar la rueda de la destitución presidencial, otros del mismo color político advirtieron del peligro para la República que el poder quedara en manos de la vicepresidente.

También surgieron las especulaciones en torno a que si esta es la oportunidad buscada por los ultrakirchneristas para sacarse de encima al tibio Alberto y endilgarle la responsabilidad a la oposición. Por si acaso las cosas se desmadran más allá de lo previsto.

Señalar al cumple de Fabiola no es una nimiedad, no es preocuparse por qué nos sirven la comida fría cuando se está hundiendo el Titanic, porque por más que lo quieran hacer aparecer como una tontería, la fiestita trascendió inevitablemente y mostró a la máxima autoridad de la Nación avalando una grave transgresión y haciendo gala de una doble moral, es decir que para los más críticos se le cayó la careta.

El juicio político es un recurso previsto por la Constitución para juzgar y llegado el caso sacar de su cargo al Presidente, vicepresidente, miembros de la Corte Suprema y otros cargos como el Procurador del Tesoro y el Procurador de Justicia.

El pedido de juicio puede ser presentado por mesa de entradas de la Cámara de Diputados por cualquier ciudadano, de hecho constantemente se presentan pedidos de este tipo que no son tomados por ningún legislador para darle lo que se llama estado parlamentario y seguir su curso.

En caso que la comisión de Juicio Político de la Cámara baja le dé lugar al pedido, se forma una comisión especial para recoger las pruebas que comprometerían al eventual acusado, en este caso el Presidente.

Si se estima que hay motivos para enjuiciarlo se pasan las actuaciones al Senado, que es la cámara juzgadora. Allí también se forma una comisión juzgadora que evaluará las pruebas y le dará al presidente la oportunidad de defenderse.

En la letra parece todo sencillo, pero una acción de este tipo terminaría de demoler el alicaído poder presidencial por más que el resultado final fuera la absolución.

Además llevaría a la sociedad a un estado de semi anarquía porque nadie se sentiría obligado a acatar normas de ningún tipo.

Pero y qué pasa con el deber ser, el jefe del Estado se expone violando normas por él mismo impuestas para enfrentar una situación tan grave como la pandemia.

En un país que no está partido en dos por la grieta y las actitudes facciosas, esa situación habría terminado en renuncia o en la destitución legal sin más ni más.

Pero en la Argentina todo es terminal, la realidad es acuciante y todos los momentos son históricos y fundacionales. Las opciones siempre son extremas, de vida o muerte.

Será por eso que siempre habrá un motivo por el que es peligroso apegarse demasiado a la ley. Porque si se lo echa del cargo al Presidente da un paso adelante la vicepresidente, a quien le atribuimos casi la suma del poder político y la intención de poner a la Nación patas para arriba.

Hay motivos para que ese temor exista, porque ha habido suficientes señales de que las intenciones no son las mejores en cuanto al respeto a las libertades y la democracia republicana tal como la conocemos, aunque no la hayamos practicado lo suficiente.

Sin embargo, el protagonismo ciudadano ha ido creciendo en cuanto a la toma de conciencia y va a ser parte de las decisiones que condicionen el futuro.