Una sociedad que no se atiene a las leyes

Respetar la ley no es un asunto que deba someterse a deliberación si es que se pretende algún día ser un país serio.

Por el momento no es el caso de la Argentina, lugar del mundo donde la idea del esfuerzo y de ceder algo propio en favor de los demás es una cosa de giles.

Se puede confeccionar una larga lista de motivos por los cuales no se logra superar la eterna postergación nacional.

La anomia se manifiesta desde pequeños hechos, como no respetar las normas de tránsito, no usar barbijo cuando era obligatorio o tratar de evitar la cola para cualquier trámite, hasta la actitud de muchos funcionarios de no acatar las decisiones de la Justicia, ya sea que éstas emanen de la interpretación de las leyes, de una sentencia de un tribunal o de una resolución administrativa de carácter general.

La actitud más habitual es que “está bien si me favorece o está mal si me perjudica”.

Eso es lisa y llanamente considerar que la ley no está hecha para organizarnos como sociedad y Estado sino para poder sacar la mejor ventaja de ella.

En definitiva, así las cosas, siempre parece que el sistema de Derecho siempre va a favorecer al más poderoso en detrimento del más desposeído.

Si algo se ha hecho carne en la cultura popular y tiene sus más perniciosas consecuencias, es la sentencia del Viejo Vizcacha: “Hacete amigo del juez/ y no le des de qué quejarse/ que siempre es bueno tener/ palenque donde ir a rascarse”.

Desde que se aprenden esos versos uno ya comprende que lo de la igualdad ante la ley es una materia pendiente.

Además, la excesiva burocratización y prácticas procesales que no ayudan a soluciones rápidas más la venalidad de alguno que otro magistrado, dejan muy mal parado a un sistema judicial cuya función es garantizar la paz social.

Pero la desconfianza y la mala imagen no justifican que cualquier idea peregrina o los intereses, no solo de un sector, sino de una sola persona, busquen poner de cabeza a una institución que, con sus miles de defectos y básicamente perfectible, surge desde el principio fundador de la forma republicana como poder independiente.

La muy discutible posición doctrinaria del exministro de la Corte Eugenio Zaffaroni, la politización de muchos magistrados con la secta judicial Justicia Legítima y la prédica del peronismo más duro y autoritario han abonado el camino para que Cristina de Kirchner busque minimizar, sino terminar, con la fuerza sancionatoria de un defectuoso sistema judicial desconociendo la función y la potestad de cada una de sus instituciones.

Si preocupante es el intento de desplazar a fiscales y jueces de la causa de Vialidad Nacional, con el impropio argumento de “persecución judicial”, tanto o más lo son las amenazas directas de consecuencias violentas si finalmente la vicepresidenta es condenada por los delitos de los que se la acusa.

Afiches y pintadas amenazan a quienes la “toquen” a Cristina.

O sea que si el tribunal la declara culpable y después de un larguísimo proceso de apelaciones, la pena sea declarada en firme por la Corte Suprema, nadie la va a “tocar” a la titular del Senado.

Una vez ocurrido eso -si ocurriese-, la acusada muy difícilmente conserve su actual predicamento político.

En definitiva, hay gente que no está dispuesta a obedecer al Poder Judicial, como ya ocurrió cuando la Corte Suprema ordenó al Gobierno de Santa Cruz restituir a un procurador desplazado arbitrariamente y nunca lo hizo.

Como dijimos al principio, un poco somos todos remisos al cumplimiento del deber, cualquiera sea.

Por eso es que en una sociedad así es muy probable que se generen dirigentes como Cristina o Milagro Sala, entre otros muchos, que no admiten su culpabilidad, algo en cierta forma comprensible pero peligrosa igual.

Y más aún si viene a la memoria la muerte del fiscal Nisman, en cuyo caso hay que buscar a quién perjudicaba su accionar y quién se beneficia con su muerte.