Obediencia indebida

Los ataques de todas las versiones del peronismo a la Justicia forman parte del mito fundacional, como así también las contradicciones en torno a cuándo es justa o injusta, no solo en el debate público contra los que no adhieren a sus intereses, sino también en el debate interno o en la forma de fundamentar el accionar político de ese sector.

En 1946, a los pocos meses de asumir como presidente constitucional de la República, el general Juan Domingo Perón promovió el juicio político contra la Corte Suprema de Justicia que luego terminó con la destitución de tres de sus integrantes y el procurador general y la renuncia de otro, mientras que un quinto integrante no fue acusado por pertenecer al peronismo.

Los motivos que esgrimió el peronismo naciente fueron contradictorios. Se acusó a los ministros del tribunal de haber convalidado a dos gobiernos de facto, el surgido tras el golpe de 1930 y el conformado tras el derrocamiento del presidente Ramón Castillo en 1943.

Lo curioso es que en el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen está comprobada la participación del entonces capitán Perón, y en el golpe del 43 el fundador del justicialismo participó como gestor del mismo a través del misterioso G.O.U. con el grado de coronel.

Así que resulta curioso que se destituya a una Corte que convalidó el propio origen del peronismo.

La doctrina que se estableció a lo largo de la historia tiene sus flancos de discusión muy interesantes, puesto que todos los gobiernos de facto se atribuyeron la facultad de legislar en ausencia de las Cámaras del Congreso, las cuales siempre fueron clausuradas.

Durante las sucesivas dictaduras se produjo una gran cantidad de leyes que regían la vida cotidiana a los argentinos, por lo que los jueces de la Corte preferían avalarlas para no provocar un desajuste jurídico difícil de resolver.

Uno de los casos más conocidos fue la ley de facto 17711 que determinó una de las reformas más influyentes del Código Civil que rigió por muchos años hasta la sanción del nuevo Código Civil y Comercial en 2016.

En 1973, cuando fenece el régimen de la llamada Revolución Argentina, la Corte Suprema de entonces avaló esa pieza jurídica.

Más de cuatro décadas después otro presidente del mismo signo, Carlos Saúl Menem, toma otro camino para imponer el manejo de la Justicia acorde con sus intereses y para evitar fallos que le fueran molestos.

Así, por simple ley de Congreso, amplía a nueve integrantes los cinco originales.

En tiempos de mayoría absoluta en el Senado le fue fácil al caudillo riojano imponer ministros de su absoluta confianza y sesgar los fallos de acuerdo a las instrucciones de la Casa Rosada.

Ahora el embate de esta nueva versión del peronismo del siglo XXI, si bien obedece a objetivos similares a los anteriores, es decir eliminar los obstáculos que impiden acercarse al poder absoluto, la sociedad, sus organizaciones y representantes están más alertas ante una nueva lesión a la estructura republicana que puede llevar a la ruptura del orden constitucional disfrazado arteramente de “defensa de las instituciones”, justamente esas que se quiere llevar por delante.

Los argumentos pueriles de enfrentar los llamados intereses populares contra los también llamados intereses concentrados de la oligarquía, la derecha y los medios hegemónicos, se caen a poco de andar.

Suenan tan contradictorios como aquellos de 1947, pues hoy se dice que la Corte avasalla a los otros poderes de la República cuando lo que hace es poner límites a los atisbos de prepotencia, tanto de una mayoría circunstancial parlamentaria o de las órdenes autocráticas que dicta la jefa indiscutible del frente gobernante.

Desde el Presidente, varios gobernadores del mismo signo y una importante caravana de dirigentes con futuro incierto, obedecen a pie juntillas y se suman a la campaña contra la Justicia independiente sin otro argumento que la obediencia a la verticalidad partidaria, algo que muchas veces a la razón y a la lógica del manejo de la política y las instituciones le cuesta comprender.

Tal vez si se relee una de las frases de Juan Domingo Perón, recién elegido presidente en su primer discurso ante la Asamblea Legislativa: "Pongo el espíritu de la Justicia por encima del Poder Judicial. La Justicia, además de independiente, debe ser eficaz. Pero no puede ser eficaz si sus conceptos no marchan a compás del sentimiento público", se puede entender que el justicialismo concibe a la Justicia como una extensión del poder circunstancial de las mayorías y no como un factor regulador de los intereses confrontados.