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No hay mal que por bien no venga

La obra Portezuelo del Viento sufrirá una larga demora y surgen varias alternativas de lo que se podría hacer: que se construya como estaba prevista, levantar una presa de menor altura, emplear el dinero para créditos a las pymes o invertir esa plata para otras obras hidráulicas. Lo importante es establecer un marco conceptual que apele a la mendocinidad para fundamentar estas posibles opciones que se barajan

13 de mayo, 2022 - 08:05

Hace pocos días atrás, el presidente Alberto Fernández anticipó, en La Pampa, que exigiría un nuevo estudio de impacto ambiental para la demorada obra de Portezuelo del Viento. Lo que bajo ningún concepto debería ser tomado como lo que se denomina un Cisne Negro’. Pues ya son numerosos los acontecimientos que marchan en ese sentido.

De hecho, conforman una historia larga. Pues los primeros estudios para una presa en Portezuelo del Viento, una garganta especialmente apta para la realización de un proyecto hidroeléctrico, vienen desde 1950, pero quedaron en nada tras el derrocamiento del presidente Perón. Luego, en 1968 se hicieron estudios sobre la posible utilización de aguas del río Grande para riego, lo que reactivó el interés por el mismo. Tras varios años de suspensión total de los estudios, la empresa estatal Agua y Energía Eléctrica realizó en 1989 un informe completo de los proyectos para el río Grande e incluía un complejo de cinco embalses, con lo cual se produciría más electricidad con menores costos.

Al efecto, en 1993, el Gobierno mendocino sancionó la ley provincial Nº 6.064, que declaraba la obra Portezuelo del Viento de interés provincial. En función de ella, la Provincia contrató un estudio de factibilidad y proyecto ejecutivo de la presa y central hidroeléctrica Portezuelo del Viento que fue ejecutado por la UTE Lande-Inconas-Ingetec.

Posteriormente, en enero de 2011 se inició la licitación del proyecto definitivo, el que originalmente preveía su inauguración en 2015, con una presa de embalse de 181 metros de altura, a construir con hormigón compactado con rodillos, con una potencia instalada de 210 MW y una generación media anual de 887 GWh/año. La inversión prometida por parte del Gobierno nacional era de US$ 493.000.000.​

El proyecto también prevé el trasvase de parte del caudal del río Grande al curso medio del río Atuel, con lo cual permitiría extender en unas 58 mil hectáreas el área bajo riego de una zona del Sur mendocino y aumentar el caudal turbinado por el complejo hidroeléctrico de El Nihuil, aumentando su producción de energía eléctrica.

Un acuerdo firmado entre las provincias afectadas autorizó el trasvase de entre 24 y 34 m³/s hacia el río Atuel, pero no desde Portezuelo del Viento, sino desde un embalse aguas abajo, en Bardas Blancas. 

En abril de 2020 la administración de Alberto Fernández depositó dos cuotas de US$ 14 millones y otra de US$ 16,3 millones para la construcción de la represa de Portezuelo del Viento. Pero la provincia de la Pampa condicionó estos acuerdos a que Mendoza acate las indicaciones judiciales y acuerdos firmados respecto del río Atuel, cuyo aprovechamiento para riego aguas arriba ha perjudicado a La Pampa y a Río Negro, causando el agotamiento completo del río Salado, especialmente tras la construcción del embalse de El Nihuil.

Ante el hecho indubitable de que el proyecto sufrirá una inevitable y larga demora, han comenzado a surgir otras alternativas al mismo, saber:


● Que se construya tal como está previsto.
● Que se construya el proyecto inicial y que consistía en una presa de menor altura, pero que se la complemente con la obra de trasvase al río Atuel.
● Que se emplee el dinero recibido por parte de la Nación para Portezuelo del Viento para otros fines tales como créditos a pymes provinciales.
● Que se invierta ese dinero para la ejecución de otras obras hidráulicas menores como la presa de El Baqueano y para mejorar el actual sistema de distribución de agua, tanto potable como para riego.

Pero antes de continuar con la propuesta de lo que creemos que debería hacerse, afirmamos que es necesario establecer un marco conceptual adecuado y que no está siendo tenido en cuenta. Especialmente, cuando se apela al localismo y a la ‘mendocinidad’, como el argumento principal para fundamentar las distintas opciones que se barajan.

Lo primero que hay que saber y admitir, es que el agua es un derecho vital, tanto para los individuos como para otras organizaciones como los estados provinciales y nacionales, ya que así lo determinó la Asamblea General de la ONU, el 28 de julio de 2010, que especificó que al derecho de acceso al agua como una condición indispensable para “una vida humana digna”.

Lo segundo a reconocer y a aceptar es que el agua tiene un carácter transfronterizo y extraterritorial, por lo que los estados tienen la obligación legal de no actuar de una manera que pueda tener un efecto negativo en el disfrute de los derechos humanos en otros estados que vivan aguas abajo. 

Al respecto, la geopolítica nos anoticia de numerosos conflictos que están teniendo lugar en todo el mundo cuando este aspecto no es adecuadamente atendido.

Lo tercero es examinar cómo se gasta el agua en Mendoza y qué dividendos obtienen los distintos sectores productivos que reciben ese reparto. Veamos:


● La masa del agua obtenida es destinada a la agricultura (59%), seguida por la asignada al consumo humano (33%) y una muy pequeña porción a la minería e industria (4%), la que incluye a la explotación petrolera.
● Pero si analizamos los ingresos provinciales comprobamos que el más importante proviene de la minería e industria (24%) y no de la agricultura (6%), a pesar de que ella es la que recibe la mayor cuota de agua. Lo que nos lleva a especular respecto de lo que podría obtenerse si se aumentara levemente ese consumo de agua para la megaminera, por ejemplo, la que se encuentra suspendida por ley en todo el territorio provincial.
● Por otro lado, sabemos que cada mendocino recibe unos 400 litros de agua por persona por día, lo que está muy por encima de los estándares mundiales que establecen esa cantidad en 250 litros.

También, que más del 50% del agua obtenida no llega a destino por el obsoleto sistema de distribución y que otro tanto se desperdicia por el arcaico sistema de riego por manto que se emplea en la masa de las plantaciones rurales de la provincia.

Llegado a este punto y teniendo el marco conceptual planteado, nos surgen varias conclusiones y que el buen lector ya debe estar deduciendo por sí mismo. Algunas de ellas reñidas con la autopercepción que tenemos los mendocinos sobre nosotros mismos y nuestros derechos. Pero como dijo el gran filósofo griego Platón: “Soy amigo de Sócrates, pero soy más amigo de la verdad”. Continuará…

 

El Doctor Emilio Magnaghi es Director del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional Santa Romana. Autor de El momento es ahora y El ABC de la Defensa Nacional.