No al apartheid hídrico contra Mendoza

En uno de sus últimos informes, la ONU acuñó el concepto “apartheid climático” para referirse a que las consecuencias del cambio climático no solamente modifican el terreno, destrozan hábitats o ponen en peligro la supervivencia de especies animales, sino también a la economía sustentable y hasta a la gobernabilidad de grandes regiones.

Entre las consecuencias del cambio climático –ya lo hemos dicho y lo reafirmamos– nos interesa, especialmente a los mendocinos, el problema del agua. Porque es el más importante de todos y porque es uno sobre el que la acción humana, especialmente la del Estado, puede al menos morigerar.

Lo primero que hay que reconocer es que el aprovechamiento del agua en Mendoza ha sido históricamente un elemento vital para su crecimiento. El mismo empezó ya en el período prehispánico, pero alcanzó su apogeo a fines del siglo XIX, cuando la provincia comenzó a convertirse en un verdadero oasis en medio de un desierto. Como nos contaron nuestros abuelos, ante la necesidad de ganarse la vida, los pioneros mendocinos introdujeron y fomentaron el desarrollo de la agricultura mediante el riego artificial.

Organizados como eran, en 1884 sancionaron la Ley de Aguas y se creó el Departamento General de Irrigación como un organismo público autónomo encargado del manejo del agua. Por ejemplo, se concretó el dique Luján durante la gobernación de Tiburcio Benegas.

Con la llegada del siglo XX se inició el periodo de las grandes construcciones hídricas. Se puede decir que esos pioneros, contra viento y marea, generaron la conciencia y las políticas de Estado que permitieron construir costosas obras que superaban, por largo, a las sucesivas administraciones.

Luego de la crisis financiera de los años ‘30 –la que repercutió negativamente en la provincia y en el país– se retomó el camino de las grandes obras. Los sucesivos gobiernos conservadores trataron de llevar adelante una conveniente diversificación de la matriz productiva local mediante la introducción de la vitivinicultura, la olivicultura y la fruticultura como actividad.

Para ello eran necesarias nuevas obras hidráulicas que ampliaran la superficie cultivable, por lo que se procedió a la realización de tareas de captación y canalización del tramo superior del río Tunuyán con el dique Valle de Uco. Luego se modernizaron los diques Medrano y Phillips, para ampliar las zonas de riego.

Llegado a este punto, resulta interesante relatar cómo fue la interacción de los planes provinciales con los nacionales. En ese marco, fruto de un plan concertado entre la Nación y la Provincia, se inició en 1941 la construcción del dique El Nihuil. También se hicieron planes para los ríos Atuel, Diamante, Malargüe, Barrancas y Grande, pero no prosperaron.

Con la llegada del peronismo, se tomaron varias decisiones políticas destinadas a instaurar a la energía hidroeléctrica como la principal, la que –secundariamente– podría servir para abastecer de agua a los sistemas de riego. Pero el golpe de Estado de 1955 implicó la caída de ambiciosos proyectos. Posteriormente, El Carrizal, sobre el río Tunuyán, fue concretado por los gobiernos de facto.

Setenta años después...

¿Por qué le contamos esta historia? Porque la que sigue a continuación, y que está relacionada con nuestro título, muestra cómo hemos pasado con los años, casi sin darnos cuenta, de la política de los pioneros a sufrir el “apartheid” del agua.

Todo comenzó muchos años atrás, cuando en 1950 se realizaron los primeros estudios para una presa en Portezuelo del Viento. Luego, en 1968 se hicieron los estudios sobre la posible utilización de aguas del río Grande para riego.

Pasaron los años y finalmente se negoció la construcción de la represa a cambio de que Mendoza desistiera de un juicio ante la Corte Suprema por la promoción industrial, que benefició por 30 años a las provincias de San Juan, San Luis y La Rioja. Para evitar el pago del juicio, el exgobernador Julio Cobos acordó, en 2006, con el entonces presidente de la Nación Néstor Kirchner, la financiación de la presa.

Entre los muchos pasos previos dados en el camino de la construcción de la obra, hay que mencionar, especialmente, que en abril de 2018, el ingeniero Eduardo Moreno, de la UNCuyo, presentó una síntesis de un trabajo de casi 2.000 hojas sobre los impactos positivos y negativos de la construcción de Portezuelo y, a su vez, medidas de vigilancia y control para minimizar estos últimos y también mejorar los aspectos positivos.

Pese a que el Gobierno nacional dijo siempre que tiene la intención de financiar la obra con recursos nacionales, Mendoza nunca recibió la suma total para llevar adelante su construcción.

Por fin, y luego de 70 años, parecía que la obra se concretaría tras el llamado a licitación, pero con algunos cambios, ya que los fondos con los que se financiará el proyecto provendrían no solo del Tesoro de la Nación, como se había prometido, sino también de organismos multilaterales o bilaterales de crédito.

Entre los últimos pasos dados, Mendoza recibió el 28 de abril de este año la tercera cuota correspondiente para avanzar en las obras de Portezuelo del Viento. Su actual gobernador, Rodolfo Suárez, indicó que la central hidroeléctrica sobre el Río Grande tenía los recursos asegurados, ya que no dependía de aportes externos.

Pero como suele pasar en estos casos, el Diablo metió la cola. O mejor dicho, el Presidente escuchó un viejo reclamo de La Pampa, cuyo gobierno viene realizando una serie de acciones para evitar la construcción de la represa.

Como vemos, las condiciones del “apartheid hídrico” están planteadas, ya que si bien desde el Gobierno de Mendoza se señala que la obra cuenta con los avales técnicos y jurídicos necesarios para seguir avanzando hacia su ejecución, y el propio Presidente de la Nación dice que no tiene nada en contra de su realización, también agrega: “Siempre digo que quiero vivir en un país federal, donde todos nos respetemos entre todos. ¿Qué es lo que yo veo con esa obra, con la que no estoy en desacuerdo? Lo que veo es que las consecuencias de esa obra afectan a muchos más que a la provincia de Mendoza”.

Llegado a este punto, a los mendocinos nos debe quedar claro lo siguiente:

Primero: Mendoza debe hacer todo lo necesario, política y propagandísticamente hablando, para que se concrete Portezuelo del Viento y sus necesarias obras complementarias.

Segundo: Debe aprender la lección de que “el buey lerdo bebe el agua turbia”.

Tercero: No debe quedarse conforme solo con esta obra. Debe formular un verdadero plan estratégico para seguir siendo un oasis en el desierto frente a los desafíos que plantea el cambio climático.

Emilio Magnaghi es Director del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional Santa Romana. Autor de El momento es ahora y El ABC de la Defensa Nacional.