La Corte recortada

Los argentinos hemos perdido, como consecuencia de los más diversos factores, la concepción de que la Justicia y su máximo orden de poder, la Corte Suprema, era la depositaria de la majestad incuestionable ante la que el resto de los poderes se tiene que prosternar.

Se podría afirmar que esa valoración no existió nunca y si lo fue alguna vez, ocurrió en las buenas intenciones de los teóricos y no de los políticos.

En principio, en un sistema republicano nadie se tiene que inclinar ante nadie y el éxito de la organización social debe recaer en el respeto mutuo y el sentido común.

No es necesario profundizar aquí sobre el estado en que está hoy la imagen del accionar judicial, de lo poco que se espera de él y la mínima credibilidad que se ha ganado.

El desprestigio resultante de los fallos amañados de muchos tribunales, que se inclinan hacia donde se ubican los intereses de quien ejerce el poder político circunstancial, se puede ejemplificar con el sobreseimiento de la Vicepresidente y muchos de sus excolaboradores en la causa del memorándum con Irán para investigar el atentado contra la AMIA en 1994.

No obstante, hay muchas más causas que involucran a los gobiernos sucesivos desde 2003 hasta la fecha, incluido el que finalizó en 2019.

Sin dejar de observar todo el sistema judicial federal, el órgano donde más se visualiza todo es el máximo tribunal de la Nación, el que además de exhibir en los últimos tiempos una interminable serie de rencillas políticas, está constantemente en cuestionamiento, ya sea para eliminarlo como poder del Estado o para cooptarlo y valerse del mismo.

La renuncia de la jueza Elena Highton de Nolasco en pleno desarrollo de una crisis interna pone en el tapete el peligro institucional de jugar con uno de los órganos al que, a pesar del desprestigio, aún se lo considera como eje y referente de la legalidad, como también el límite supuesto de los excesos a los que son tan proclives los regímenes hiperpresidencialistas como el nuestro.

La vacancia que va a dejar el mes que viene la jueza Highton no es un hecho grave en sí mismo, iba a suceder tarde o temprano, sin embargo el sigilo y el factor sorpresivo con que se movió la magistrada hacen pensar en alguna intención especial.

Pero no lo pensemos así y repasemos qué mecanismo se echa a andar.

Primero y principal es tener en cuenta que la Corte Suprema puede funcionar con cuatro y hasta con tres miembros, como lo ha hecho en varias oportunidades, siempre que la situación no se prolongue demasiado.

La Constitución prevé que el nuevo integrante del tribunal debe ser propuesto por el presidente de la Nación y aprobado por los dos tercios de los miembros presentes del Senado en una sesión especial.

Con la composición actual de la Cámara alta la mayoría oficialista de 41 miembros necesitaría siete senadores más para poder imponer al candidato que quisiera.

De manera tal que es necesaria una negociación para acordar un candidato que sea apoyado por la oposición.

Algo que en el estado actual de las tensiones políticas es más que imposible, y más se va a agudizar la cuestión si por lo menos se repite en las elecciones generales de noviembre el resultado de las PASO, con lo que el oficialismo kirchnerista vería reducido aún más su elenco de senadores e incluso perdería el quórum propio, con el que hasta hora impone los temas y la sesiones que no necesitan mayoría agravada.

Ante la evidencia de que la composición actual de la Corte no es totalmente favorable a los intereses del Ejecutivo, hasta hace poco circuló la idea de aumentar la cantidad de miembros del máximo tribunal, en un procedimiento similar al que activó en su momento Carlos Menem llevando a 9 miembros, los cuales eran visiblemente favorables a los intereses del poder político del momento.

Con la composición del Senado previo a la reforma constitucional de 1994 le era fácil al oficialismo de entonces llegar a los dos tercios, pero a partir de la integración de un tercer senador por la minoría, esa mayoría se atenuó y ahora existe la posibilidad que pase a ser minoría.

Con este panorama y las urgencias sociales y económicas que debe afrontar la actual Administración de la Nación, no es muy probable que se apure la designación del remplazante de la jueza Highton, pero también se puede sumar la anunciada jubilación del veterano integrante Juan Carlos Maqueda.

Como se verá, la Corte es esencial para la vigencia de la República, aunque a lo largo de su historia no ha sido una fiel guardiana de sus preceptos.

A manera de repaso, el tribunal que también es garante de la vigencia de la Constitución Nacional, convalidó la legislación de los sucesivos gobiernos de facto desde 1930 con distintas posiciones doctrinarias con el pretexto de que se debe proteger la seguridad jurídica y que resultaría engorroso para la marcha del país tener que dejar sin efecto o reformar la gran cantidad de leyes, decretos y decretos leyes de las sucesivas dictaduras.