El poder le teme a la prensa ¿por qué?

Hay un fenómeno que se extiende en algunas naciones latinoamericanas desde hace varios años, en el que se observa a mandatarios de turno diseñar una suerte de estrategia para poner a medios y periodistas en el rol de adversarios a los que hay que atacar, descalificar y poner en duda permanentemente. O en el peor de los casos, directamente eliminarlos.

En ese sentido, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) viene denunciando desde hace tiempo ataques contra los medios, tales como acoso judicial, embargos a cuentas bancarias, allanamientos y cierres o encarcelamiento de periodistas y propietarios de empresas informativas, además de ejercer asfixia económica y presión política contra los profesionales que son cuestionados por los gobiernos por sus denuncias contra la corrupción.

Estos actos son "parte de una campaña que pretende eliminar todo vestigio de prensa independiente", según la entidad denunciante.

Pero lo que más preocupa, sin dejar de lado la gravedad de los hechos mencionados, es el asesinato de muchos trabajadores de prensa, con probable origen en su labor crítica al poder, ya que se atrevieron a poner en duda la vigencia de la democracia en esos países.

Todas estas actitudes lamentables estarían demostrando el temor al papel que juega la prensa cuando revela actos de corrupción cometidos por los gobernantes y los personajes que ostentan el poder, quienes ven a los periodistas y a los medios, literalmente, como si fueran enemigos.

Es una forma de desacreditar al mensajero para que el mensaje no tenga el efecto que debe tener en la sociedad, para atacar así al ejercicio crítico que permite a esa sociedad tener una mirada aguda de lo que sucede en sus países.

Esto termina desnaturalizando uno de los elementos fundamentales de una democracia: la libertad de expresión, la libertad de publicación y el derecho del pueblo a saber, todos ellos elementos clave que al final de la cuenta pueden resultar dañados con estrategias dañinas.

Los gobiernos apuntados coinciden en sus ideologías, y en sus países coartan cualquier libertad tratando de ahogar a los pueblos y someterlos a sus designios.

Países de los que varios argentinos son acérrimos defensores y pretenden seguir sus postulados, a pesar de que aquellos se inclinan por los totalitarismos -varios de ellos en plena dictadura y otros que van camino a serlo- silenciando las voces disidentes a fuego y sangre.

Reconociendo que en la Argentina no ocurre por ahora ningún hecho con la magnitud que denuncia la SIP permanentemente, es innegable que la tentación es grande en un país surrealista como el nuestro.

Y algo está pasando, porque algunos ataques a periodistas están siendo promovidos en los últimos días, un poco más duros que los que se han visto en tiempos más o menos cercanos y de manera velada (o no tanto).

Como muestra, basta recordar los afiches que aparecieron pegados en abril de 2010, con fotos de periodistas reconocidos como opositores al gobierno de ese entonces y con leyendas que intentaban deshonrarlos, desacreditarlos y denigrarlos.

Algo más cercanas y más provocativas son las amenazas de un periodista contra algunos de sus colegas, a quienes les imputó manifestaciones supuestamente violentas en sus respectivos programas, o las que con nombre y apellido lanzan funcionarios nacionales, algunos gremialistas y otros personajes muy cercanos al poder político.

O el mismo Presidente, que menciona permanentemente los –según él– “discursos de odio de la prensa”, cuando en realidad son relatos de hechos que conmocionan a los argentinos, como el hambre o la desocupación.

Acometidas virulentas y –por ahora- de palabra, incrementadas a partir del ataque del jueves a la vicepresidenta.

Hasta ahora, afortunadamente, esas maniobras patoteriles son rechazadas por la gran mayoría de la sociedad.

Pero demás está decir que esta clase de hostigamiento genera un clima de presión que podría desembocar en situaciones de mayor gravedad en medio de la exacerbación provocada por las tensiones políticas que soporta nuestro país.

La caza de brujas sobre periodistas es una amenaza a la libertad de expresión y a la democracia, y puede derivar en situaciones muy peligrosas, algo que podría terminar afectando a toda la ciudadanía si continúa aplicándose o si la situación escala a través de hechos aún más peligrosos.

Más todavía si se reflota la siempre remanida idea de ponerle una mordaza a la prensa bajo el disfraz de una ley de “protección de la democracia”.

Y como del dicho al hecho solo hay un trecho, es de esperar que a nadie se le ocurra dar ese peligroso paso contra la libertad.