Minería: la cuestión es el cómo
Mendoza se apresta para reeditar un debate que, históricamente, ha dividido las aguas, y promete nuevas polémicas y posiciones enfrentadas.
Nos referimos, claro está, a la habilitación de las prácticas mineras y los resquemores que despierta entre los ambientalistas y, por qué no, en la población en general.
Por un lado, si tomamos como encuesta válida lo votado en las últimas elecciones, las propuestas más votadas incluyeron, en todos los casos, la homologación de la minería como un camino para el desarrollo de la provincia. En este sentido, tácitamente la ciudadanía apoyó entonces las reformas necesarias para llevar el tema a buen puerto.
En síntesis, desde la política la vocación mayoritaria es desarrollar la explotación de estos recursos.
Por el lado de las resistencias, los argumentos son más que atendibles: sobran ejemplos de daño ambiental en provincias vecinas y también en lugares remotos, como para encender las alarmas de qué tipo de técnicas se permiten y cuáles no.
Mendoza fue capaz de darse una ley, como la 7.722, que es señalada como ejemplar en la preservación de un recurso tan vital y estratégico como el agua.
La defensa de ese texto, sin duda, encontrará actores y argumentos listos para el debate y también para expresar en la calle sus posturas.
Por el lado empresario la decisión es tan unánime como en los defensores del agua: ven en la explotación un potencial de desarrollo y empleo que puede ser la salvación de muchas pymes y también un eje de creación de empleo de altos ingresos.
Los dilemas son claros. Pero ante la disquisición simplista de minería sí o minería no, vale sentar una posición que en lugar de respuesta tiene una pregunta: minería cómo.
¿Se puede garantizar que la práctica sea con los controles y cuidados ambientales que corresponden para garantizar la protección del ambiente y del agua? Ese es el marco de exigencia mínimo que debe plantear el cuerpo social.
Pero ello topa con la histórica torpeza, ineficiencia, e incluso corrupción, que suele “atontar” a los organismos de control en nuestro país. Son demasiado tentadoras las cifras en danza para comprar “vistas gordas” y voluntades que, encima, muchas veces ocupan los cargos por decisiones políticas y no por competencias técnicas.
Ya está en práctica la explotación por fracking del petróleo no convencional en Vaca Muerta, una zona que comprende parte de nuestra provincia en su extremo sur, y la decisión es fomentar la explotación de estos recursos más que ponerle freno, lo que anticipa para algunos una batalla perdida de antemano.
Otro detalle a tener en cuenta, y no menor, es el rédito de estas explotaciones si es que se ponen en marcha. Según ha trascendido, se negocian grandes beneficios para las empresas petroleras desde las autoridades que asumirán el 10 de diciembre.
Se garantizan cosas tales como libre giro de dividendos a casas matrices, beneficios impositivos y otra serie de ventajas que, en primera instancia, parecen un negocio leonino para el país.
De darse esos contratos estaríamos en presencia de un nuevo menemismo, como los contratos mineros de Cavallo.
Vale la pena, además de la cuestión ambiental, preocuparse por qué tipo de rédito económico dejaría para Mendoza esa práctica.
Cuidar el ambiente no se negocia, pero cuidar la ganancia de nuestros propios recursos tampoco debería negociarse. Que el árbol no tape el bosque.