Se viene la discusión por el proyecto para bajar la edad de imputabilidad

Debido a la baja repercusión negativa que tuvo la implementación de las pistolas Taser, la Casa Rosada decidió avanzar en su proyecto de bajar la edad de imputabilidad a 15 años y pretende que se trate en febrero próximo.

Así lo indica en su edición de este domingo diario Clarín, y agrega que la decisión del Gobierno de avanzar en algunos proyectos que parecían cajoneados fue tomada tras la baja repercusión negativa que tuvo la implementación del uso de las pistolas Taser en aeropuertos y trenes.

Uno de ellos es el nuevo Régimen Penal Juvenil, un pedido que el presidente Macri les había hecho a sus asesores en materia de Justicia en 2017 y que quedó postergado por la campaña electoral legislativa de ese año, recobró impulso en las últimas horas, Y ahora el mandatario planea enviarlo al Congreso para intentar reunir consenso con la oposición y aprobarlo durante las sesiones extraordinarias de febrero.

La principal novedad en la letra del texto, al que tuvo acceso Clarín, tiene que ver con la baja de la edad de imputabilidad: de 16 años pasará a 15 para los delitos más graves y no a 14 como impulsaba el sector más duro.

El diario porteño agrega que el tema estuvo sobre la mesa en el almuerzo que compartieron los ministros en Casa Rosada y, ante la ausencia de Macri por sus vacaciones, encabezó el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

La decisión de enviar el proyecto, que el ministro de Justicia, Germán Garavano, ya tiene listo hace meses, se reflotó luego de que se evaluara la buena recepción que había tenido el anuncio de la compra de las Taser, un aspecto que un año electoral suele ser determinante.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y Garavano hablaron del tema en el cónclave del viernes. La funcionaria, que pretendía que la edad de imputabilidad bajara a 14 años, le había dado su conformidad al ministro para que quede en 15, porque, según cuentan cerca suyo, entiende que lo mejor es que salga un proyecto que reemplace a la Ley 22.278, vigente desde 1980, en plena dictadura.

Jugando la carta de que se trata de una baja de imputabilidad más moderada que la prevista inicialmente, en el oficialismo aspiran a que el consenso con un sector del peronismo federal les permita avanzar en el Congreso, aunque descuentan que el kirchnerismo se opondrá.

El proyecto prevé un sistema de escalas, según la edad. A los 15 años, los chicos serán imputables sólo por delitos considerados graves, como homicidio, violación, lesiones gravísimas, secuestro extorsivo y robo con armas de fuego.

En tanto, los mayores de 16 años y los menores de 18 años serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión es igual o menor a tres años; y podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor a diez años.

En todos los casos, como se apunta en el artículo 50 del proyecto, se establece que 15 años será el “plazo máximo” de prisión se le podrá imponer a adolescentes y se deja claro que “queda prohibida la imposición de reclusión y de prisión perpetua” para los menores.

Además se incorporan "mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos", como la mediación, la conciliación y el acuerdo restaurativo para delitos menores, siempre con el aval de la víctima.

Pero el proyecto no se limita sólo a los casos de los jóvenes que pueden ser declarados imputables ty quienes lo elaboraron, en los artículos 85 y 86 la “respuesta a inimputables” que tiene que dar el Estado.

De ese modo, en los casos en que la “investigación preliminar” determine que fue un menor de 15 años quien cometió un delito reprimido con pena máxima de diez años, se dispondrá que un equipo interdisciplinario -integrado por médicos, psicólogos, psicopedagogos, docentes, especialistas en adicciones y trabajadores sociales- elabore un plan individual para acompañar al joven en su recuperación y evitar que avance en la carrera delictiva.

El único punto que Macri deberá definir antes de enviar el proyecto gira en torno a los plazos máximos para la aplicación de la ley, que prevé la creación de un Fuero de Menores y establecimientos donde alojar a los jóvenes privados de su libertad.

Tanto el Gobierno nacional como los gobernadores saben que el proyecto requiere de fondos adicionales. Por ejemplo, María Eugenia Vidal, que gobierna el distrito más caliente y con mayor incidencia de los jóvenes en el delito, fue la primera en plantearlo y pedir tiempo para adaptar el ya colapsado sistema penitenciario bonaerense.