Procesaron a José Alperovich por abuso sexual
El exgobernador declaró por primera vez en la causa a fines de abril luego de dejar de tener fueros parlamentarios
Por Redacción
El juez Osvaldo Rappa, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 35, procesó al exsenador nacional y exgobernador de Tucumán, José Alperovich, en la causa por abuso sexual a su sobrina y excolaboradora.
Si bien Alperovich negó las acusaciones de abuso sexual el pasado 20 de abril a prestar declaración indagatoria en la de una audiencia que se desarrolló de manera virtual. Además, los fiscales ampliaron la acusación y, en ese sentido, lo hicieron acusando al exsenador de seis situaciones de abuso sexual que tuvieron lugar en 2018 en la provincia de Tucumán y se suman a casos similares ocurridos en 2017, tanto en la provincia como en la Capital Federal.
Además, el juez Rappa, también decidió un embargo por 2,5 millones de pesos.
En diciembre de 2020, los fiscales Santiago Vismara, titular de la fiscalía Criminal y Correccional 10 de la Capital Federal, y Mariela Labozzetta a cargo de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (Ufem), formularon un pedido de indagatoria a Alperovich, y en diciembre del año pasado, reiteraron la solicitud en base a la ampliación de la acusación que hicieron contra el exsenador.
Los fiscales habían destacado en el dictamen que ya se habían llevado adelante una serie de medidas y mencionaron que, debido a toda la prueba incorporada hasta el momento, no había más cuestiones que resolver que impidieran el llamado a indagatoria.
La denuncia
La denuncia contra el exgobernador tucumano fue presentada en 2019 por su sobrina segunda y excolaboradora, quien lo acusó por hechos de abuso sexual presuntamente ocurridos durante 2017.
En ese entonces, la causa se tramitó en dos jurisdicciones distintas: en el fuero criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires y en la Justicia tucumana.
Sin embargo, tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de mayo del año pasado, se resolvió que todos los hechos debían investigarse en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°35 de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con lo planteado en su dictamen por el procurador General interino, Eduardo Casal.