Liberaron a los dirigentes detenidos del Polo Obrero

Fueron liberados los dos dirigentes del Polo Obrero, Martín Rodríguez y Lorena Torres, detenidos el martes 14 por violación al artículo 194 del Código Penal que prevé pena de prisión de 3 meses a 2 años a: “ El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.

La organización que dirigen había realizado marchas y cortes de calles y rutas en reclamo por las políticas sociales aplicadas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a cargo de Victoria Tolosa Paz. 

La detención fue ordenada por el fiscal de Tránsito Fernando Giunta  con el cargo de “Entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte público”. Mendoza se había convertido hace unos días en foco de atención a partir  de la medida judicial por lo que se movilizaron a la provincia los principales dirigentes encabezados por Eduardo Belliboni.

Durante los días de detención se realizaron marchas en todo el país por la “liberación” de los detenidos. Se esgrimieron todo tipo de argumentos en contra de las autoridades de Mendoza empezando por el Gobernador. Se acusó a la Provincia de dictadura similar a los tiempos de Videla. En los discursos pronunciados durante las movilizaciones se insistió que se habían violado la Constitución y los derechos humanos.

Sin embargo desde el Ministerio de Seguridad local, su titular Raúl Levrino les había hecho saber que solo se cumplió con la ley vigente y que las actuaciones estaban y están en manos de la Justicia. Además les confirmó a los representantes piqueteros que se volverán a aplicar las mismas norman en caso que se reiteren los cortes completos de la circulación.

En horas del mediodía de ayer la jueza Mirna Montaldi, del Juzgado Penal Colegiado Nº 2 dispuso la liberación de los dos detenidos, les fijó fianzas de $100 mil y $70 mil pesos, la prohibición de salir del país sin permiso judicial y la obligación de presentarse cada 15 días en la Fiscalía para dar cuenta de su paradero. La misma medida alcanza a Gimena Báez que no había sido detenida pero que se requería su presentación.

El caso abrió el debate sobre la aplicación de las leyes respetando por una parte el derecho a manifestarse en la vía pública pero sin impedir los movimientos del resto de los ciudadanos. Mientras se realizaban piquetes y protestas frente a la Casa de Mendoza en Buenos Aires, desde todo el país se elogiaba la firmeza y decisión  tanto del Poder Ejecutivo de Mendoza como del rápido accioner de la Justicia.