Mapuches: la drástica decisión que tomó el Gobierno contra la comunidad ancestral

El Gobierno nacional revocó la cesión de tres predios a una comunidad mapuche en la provincia de Mendoza, y comunicó que, desde ahora, el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) será declarado como "una organización terrorista".

La novedad, compartida por el vocero presidencial Manuel Adorni, se dio a conocer horas después de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusara a Jones Huala, líder de la RAM, de "reivindicar los atentados incendiarios" que se dieron en la Patagonia.

Adorni dijo que "se va a declarar como 'organización terrorista' a la RAM. El ministerio de Seguridad ya está trabajando en el expediente", al tiempo que aseguró que las declaraciones de Jones Huala "pintan de cuerpo entero al enemigo".

A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, Adorni comentó la revocación de la cesión de miles de hectáreas de tierras a comunidades mapuches de Mendoza. "El Gobierno nacional dio de baja a tres resoluciones que contemplaban la cesión de tierras en Mendoza a los grupos pseudomapuches. Los territorios que estaban en manos de terroristas, vuelven a los argentinos", podía leerse.

Dijo también que "se anuló el programa de fortalecimiento comunitario, que permitía que quienes se disfrazan de indígenas, contactaran abogados para que los representen en conflictos, principalmente en temas que tienen qeu ver con reclamos con tierras".

"Estos tres grupos contaban con representación jurídica financiada a través del gasto público. Es decir, el Estado financiaba abogados que actuaban en contra de su propia soberanía. Estas medidas son en defensa de todos los argentinos y en contra de aquellos que no respetan la bandera argentina y quieren apropiarse de nuestro territorio", sentenció Adorni.

La cesión de tres predios a grupos mapuches se había formalizado en 2023, cuando el gobierno de Alberto Fernández reconoció "ocupaciones ancestrales" en Los Molles y El Sosneado, en los departamentos mendocinos de Malargüe y San Rafael. La medida fue llevada a cabo a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que conduce Claudio Avruj.