Este jueves se dio a conocer una medida histórica para la Argentina, que implica el uso medicinal del cannabis.
Los puntos más importantes de la nueva reglamentación, publicada en el Decreto N° 883/2020, son: El Estado garantizará ahora el autocultivo. Pero el decreto amplía este derecho y permite también el cultivo solidario o bien a través de la utilización de especialidades medicinales en los casos en que exista indicación médica. Este era uno de los mayores reclamos de las organizaciones sociales y una de las diferencias con la reglamentación anterior del decreto N° 738/2017.
De esta manera, "Ley Nacional de Investigación Médica y Científica de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados" permitirá impulsar la investigación sobre los usos terapéuticos de la planta, pero también "garantizar el acceso a las terapias de forma segura e informada para todos los usuarios y usuarias, otorgándole al médico un rol fundamental en el acompañamiento de los pacientes".
Este programa apunta a la capacitación de los equipos de salud y organizaciones de la sociedad civil sobre cannabis medicinal y "la atención integral de las personas a las cuales se les indique como modalidad terapéutica, medicinal o paliativa del dolor, el uso de la planta de cannabis y sus derivados".
Legalización del autocultivo de cannabis medicinal by Antonella Farias on Scribd
El decreto aclara que las nuevas medidas son el resultado de un consenso entre "las autoridades sanitarias, las sociedades científicas, los organismos públicos involucrados y las organizaciones no gubernamentales", y que la reglamentación "cuenta con el aval del Consejo Consultivo Honorario sobre la Investigación Médica y Científica del Uso de la Planta de Cannabis y sus derivados, creado por la Ley 27.350".
Además de organizaciones de la sociedad civil, también participan del Consejo la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat); el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); el Instituto Nacional de Semillas (Inase); el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet); el Consejo Interuniversitario (CIN); la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap); la Comisión Nacional de evaluación de Tecnologías en Salud (Conetec) y la Defensoría del Pueblo de la Nación.